Reforma financiera demora final al juicio a la Corte

Aunque la semana legislativa quedará dominada está semana por la votación de la ley de reforma financiera, la Comisión de Juicio Político de Diputados se ha comprometido a dedicarse desde hoy a redactar los dictámenes que decidirán la acusación o no ante el Senado a uno o varios miembros de la Corte Suprema de Justicia por presunto mal desempeño de sus funciones.

Si bien la comisión legislativa que preside el kirchnerista Sergio Acevedo estableció como plazo tentativo el 25 de abril, ese día se avanzará en la definición de los trazos globales del predictamen, que recién se emitirá en los primeros días de mayo.

De esta manera, la comisión comenzará a transitar la última etapa de una investigación que se abrió el 7 de febrero cuando ya se habían presentado unos cincuenta pedidos de juicio político contra los máximos miembros del tribunal, a quienes acusaron de mal desempeño de sus funciones.

En la reunión plenaria del jueves, los diputados deberán comenzar a analizar si se impulsa una acusación contra uno, dos o todos los ministros del tribunal, ya que la situación de todos los jueces no es igual y sólo cinco de ellos tienen cargos en su contra por su desempeño en las ocho causas seleccionadas consideradas emblemáticas.

•Puerta abierta

Una de las ellas fue la conducta de los jueces en la sentencia en el caso Smith, donde se declaró inconstitucional el «corralito», la cual dejó abierta la puerta para que los jueces de primera instancia dicten miles de amparos que obligaban a los bancos a devolver el dinero, que derivó en un colapso del sistema bancario.

Por la conducta asumida en esta causa, el justicialista Ricardo Falú -con la firma de Eduardo Di Cola-promovió un juicio político contra seis miembros del tribunal por considerar que hubo una contradicción entre el caso Smith y Kiper -donde se mantuvo el «corralito»- y está elaborando el predictamen para presentar a la comisión.

En realidad, los ministros del tribunal que han recibido cargos por su conducta en casi todas las causas investigadas por los diputados son Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano.

En cambio, los jueces Gustavo Bossert y Enrique Petracchi son los ministros con menos cargos en su contra y su conducta se estudió en tres casos: la investigación a la Embajada de Israel, la administración de la Corte, y la habilitación de Raúl Romero Feris como candidato a gobernador.

De hecho, la Comisión de Juicio Político aguardará hasta la primera semana de mayo para emitir su dictamen, por lo cual los diputados justicialistas estiman que para ese fecha se habrá analizado en el oficialismo una eventual acusación a los miembros de la Corte Suprema.

Es seguro que no habrá una postura unánime porque un sector del peronismo (que incluye a los identificados con el menemismo) y otros legisladores que suman una veintena de diputados se oponen al juicio político a la Corte.

•Clave

La posición del justicialismo es clave porque un eventual dictamen acusatorio sólo podrá ser votado en el pleno de la Cámara si tiene el voto favorable de los dos tercios de los diputados presentes en la sesión.

En el radicalismo la situación es más clara porque esa fuerza política se ha pronunciado sobre esta cuestión, y su presidente Horacio Pernasetti ya transmitió hace diez días al jefe de Estado, Eduardo Duhalde, que la UCR quiere avanzar en el juicio político a la Corte.

El Frepaso aliancista también es partidario del juicio y una de sus miembros, la vicepresidenta de la comisión, Nilda Garré, es la instructora del informe sobre la administración de la Corte, luego de haber leído los descargos de los nueve jueces del tribunal.

También se pronunció a favor y ha propiciado varios pedidos de juicio político el ARI, que encabeza la chaqueña Elisa Carrió, quien tiene una activa participación en la comisión y lleva adelante la causa referida a la investigación a la Embajada de Israel.

La Comisión investigó la conducta de los ministros en las sentencias del «corralito», el desvío de armas, de habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris y de rebalanceo telefónico, el caso Moneta y la investigación al ataque a la Embajada de Israel.

También se cuestiona su actitud de declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución que obliga a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas y el manejo administrativo del tribunal.