10 de abril 2013 - 22:59

Reforma con puntos inconstitucionales

Jorge Rizzo
Jorge Rizzo

Por Jorge G. Rizzo - Presidente Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Los anuncios de la Presidente de la Nación en materia del Poder Judicial no han traído casi ningún elemento que podría llevarnos a pensar que estamos frente a la mal llamada "democratización" de la Justicia (se trata de un contrasentido por cuanto el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, conforme la forma republicana de gobierno que establece el art. 1º de la Constitución Nacional, dentro de las reglas democráticas de elección y designación y, máxime, cuando más del 50% de los magistrados en funciones ha sido designada desde el 25 de mayo de 2003). 

En efecto, la Primera Mandataria nada dijo sobre acceso a la Justicia; ni sobre ampliación de los horarios tribunalicios; ni de juicio penal por jurados; ni oralización de procedimientos civiles, laborales y/o comerciales; ni de notificación digital, presentación de escritos por internet; entre muchos otras medidas que llevarían a un mejoramiento democrático y cuasi inmediato de los procesos judiciales, lográndose una celeridad que beneficiaría a todos los habitantes del País. 

Por el contrario, los proyectos efectuados lo único que aparejan son, por ejemplo en materia de medidas cautelares, un desequilibrio aún mayor a favor del Estado, atento que lo colocan en una mejor posición en cualquier proceso que le iniciara un particular, incluso a la que hoy ya detenta. Huelga recordar que el instituto cautelar puso a resguardo miles de vidas de ancianos y enfermos en tiempos de los nefastos corralito y corralón, allá por 2001 y 2002. Si se aprobara la ley, en una situación idéntica, se vería casi nulificada aquella posibilidad que tuvieron los ahorristas argentinos estafados por el Estado Nacional con la pesificación asimétrica beneficiados cautelarmente. 

La "posición dominante", entonces, del Estado sobre los particulares rompería el equilibrio entre las partes, violándose la igualdad procesal y las reglas de debido proceso y defensa en juicio. Se trata, en definitiva, de un proyecto que tiende exactamente a todo lo contrario de la semántica del vocablo "democratizar". 

En materia del Consejo de la Magistratura, la Presidente reincurre en el mismo error de Derecho del 1 de marzo, sosteniendo la posibilidad que jueces y abogados sean elegidos por elecciones directas. El artículo 114 de nuestra Constitución Nacional es lo suficientemente claro cuando, en materia de la elección de sus miembros dispone: "...representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados..." La preposición "de" implica que esos miembros representan estamentariamente a políticos, magistrados y letrados; por lo tanto es casi de Perogrullo señalar que si se trata de una representación son los representados quienes deben designarlos a través del sufragio. 

En cuanto a las Cámara de Casación, quizás la Civil y Comercial podrían ser de alguna ayuda para desagotar a la Corte Suprema de Justicia de volumen de trabajo (sin perder de vista que hace unos años fue creada la Cámara de Casación Penal de la Capital Federal, que duerme el sueño de los justos en un escritorio de algún funcionario del Gobierno), la creación de la Laboral y Previsional intenta crear una instancia intermedia para frenar la llegada de expedientes promovidos por jubilados y pensionados que prentenden la aplicación del fallo "Bardaro" de la CSJN, por el cual se ordena a Anses que asuma el pago de los haberes conforme a éste de manera inmediata. 

Sí, celebramos la igualdad para los concursos entre abogados y jueces y la apertura para ingresar al Poder Judicial. Empero, preferiríamos concursos serios y transparentes para ello sin intervensión del azar. 

Finalmente, y en base a todo ello, el Colegio Público de Abogados de la Capital tiene decidido de manera unánime por su Consejo Directivo que, en caso de aprobarse la normativa reseñada, recurrirá ante la Justicia en búsqueda de la tacha de inconstitucionalidad pertiente, en todo aquello que consideremos como tal; así como ya lo hicieramos con Cassaba, la "Ley Espía", "ART", y la reforma del Consejo de la Magistratura 26.080 que desde 2006 aguarda resolución en la CSJN. 

Si esa acción hubiese sido sentenciada por la Corte en tiempo lógico, quizás hoy no deberíamos enfrentar esta nueva encrucijada.

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