Régimen Penal Juvenil: por qué el Gobierno retiró el proyecto y cuándo lo votará en Diputados

A menos de 24 horas de haber retirado el proyecto original de baja de imputabilidad, se convocó a una sesión para el jueves 12 de febrero.

Bornoroni y Menem, en Diputados, y Bullrich en el Senado son articuladores de la voluntad del Gobierno en el Congreso.

Confiado pero con desprolijidad en el proceso, el Gobierno da pasos hacia la media sanción del Régimen Penal Juvenil en Diputados. La Libertad Avanza convocó a una sesión y distribuyó a miembros de sus bloques como autoridades en comisiones claves para su estrategia legislativa, aunque aún no está confirmado el contenido del proyecto oficialista para bajar la edad de imputabilidad, después de que haya dado un paso en falso este lunes y eleve una propuesta que no resistió hasta el martes. El peronismo aún no definió si presentará uno o dos dictámenes.

La convocatoria, que incluye el tratamiento del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, está programada para el jueves 12 de febrero desde las 11 horas. Como todavía no hubo debate del Régimen Penal Juvenil con la nueva composición del Congreso y se desconocen el número de proyectos que se presentarán, la solicitud oficialista incluye las propuestas presentadas en el 2024 y en el 2025. "En teoría hay dictamen nuevo", aseguran desde el bloque libertario.

La falta de certezas proviene de la incertidumbre que provocó la irrupción de un proyecto inesperado el mismo lunes, que bajaba la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa -que, según reconstruyó Ámbito, no provino del Ministerio de Seguridad- puso en tensión los acuerdos que tenía La Libertad Avanza con el PRO, la UCR y otros aliados, que sujetaron su respaldo a que los adolescentes puedan ser penalizados a partir de los 14. La presión de esos bloques ante el arrebato oficialista decantaron en que se retire la propuesta a menos de 24 horas de haber sido elevada a la Cámara de Diputados.

Las definiciones se terminarán de conocer este miércoles desde las 10:30 horas en una reunión plenaria de cuatro comisiones presididas por libertarios: Presupuesto (Alberto Benegas Lynch), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Familias y Niñez (Gabriela Flores) y Justicia (Álvaro Martínez). Allí también se terminará de dilucidar el rumbo del peronismo, que hasta el momento tiene un solo dictamen que coincide con la baja de imputabilidad a los 14 años. Este martes por la tarde Unión por la Patria confirmará si se introduce otra postura.

Cristian Ritondo (PRO) es uno de los aliados al Gobierno que solo acepta bajar la edad de punibilidad a los 14 años.

HCDN

Régimen Penal Juvenil: la discusión por el Presupuesto

Una de las novedades del dictamen presentado -y luego retirado- del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. "Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía", asegura uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.

En su definición, el presupuesto no establece fondos específicos para infraestructura, programas de capacitación o tratamientos psiquiátricos, sino que destina más de $20.000 millones para la Defensoría General de la Nación, que garantizaría la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los "supervisores", las figuras de autoridad "a cargo del seguimiento, asistencia y control del adolescente".

Las provincias son invitadas a adecuarse al proyecto, aunque no tienen partidas presupuestarias ni artículos que contemplen mecanismos automáticos de distribución de fondos. La cifra definida no atiende a la crisis de infraestructura penitenciaria y desestima toda pretensión de que Nación financie una nueva unidad, dado los costos anunciados -todos por encima de los $100.000 millones- recientemente para el Cemax de Córdoba, la nueva Unidad de Piñero o el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. En todo caso, y si se incluye en el nuevo dictamen, podría corresponderse a la inversión que precisa la adecuación o ampliación de unidades ya construidas.