Régimen Penal Juvenil: qué ocurre en los países que detienen desde los 12 y 14 años

Argentina viene reduciendo hace una década su número de crímenes y la cantidad de jóvenes detenidos.

Hay 100 establecimientos especializados para 4.299 menores de edad en conflicto con la ley en la Argentina.

UNICEF/Pepe Mateo

Aunque no se terminaron de conocer detalles del proyecto oficialista, se espera que la próxima semana la Cámara de Diputados comience a debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene como medidas principales la baja de punibilidad de 16 a 14 años y la implementación de un esquema de financiamiento nacional para reforzar la infraestructura penitenciaria provincial. Entre los principales argumentos para reducir la edad de intervención judicial, se plantea replicar la política regional. Pero, ¿qué ocurre en los países de América Latina?

A nivel internacional, se considera el índice de homicidios como el parámetro para medir la inseguridad, dado que son los delitos que -casi- siempre cuentan con denuncia y registro. Según los informes de la organización Insight Crime, los países de América Latina que tienen la edad de punibilidad en 12 años se encuentran entre los que peores estadísticas presentan: Ecuador (38,8 cada 100.000 habitantes, la nación con el mayor número de crímenes), Honduras (25,3), Brasil (21,1), México (19,3), Costa Rica (16,6) y Panamá (12,9).

La excepción en este listado es El Salvador, que con una radical política de detenciones (que empiezan a los 12 años) y presencia policial pasó de tener 60 homicidios cada 100.000 habitantes a ser el mejor país de la región en este rubro, con tan solo 1,9. Bolivia (3) es la segunda nación mejor posicionada, con edad de punibilidad en 14 años. Argentina lo sigue con 3,8, con una caída del 42,4% de los asesinatos en la última década.

Ubicados como el segundo y tercer país con peor registro se encuentran Venezuela (26,2) y Colombia (25,4), cuyos adolescentes de 14 años son punibles. El top ten regional lo cierra Uruguay, con la edad de punibilidad en 13 años, con una tasa de 10,6 homicidios cada 100.000 habitantes. Un caso notorio es el de Perú (6) y Chile (5,5), que si bien continúan presentando bajos índices de criminalidad en el estándar regional los asesinatos han crecido exponencialmente: 35.9% interanual en el caso peruano y 139,1% en el caso chileno. Ambos establecieron detenciones desde los 14 años.

La Cámara de Diputados podría darle media sanción al Régimen Penal Juvenil el próximo jueves.

Mariano Fuchila

Estos índices, sin embargo, no terminan de explicar la incidencia que tiene el delito juvenil en sus países pero permiten presumir que la edad de punibilidad no termina de garantizar una reducción de los crímenes. Otro país citado en el debate es Cuba, que comparte con la Argentina la edad de punibilidad en 16 años. Aunque no tienen registros internacionales que puedan confirmar su autenticidad ni tampoco presentan una serie histórica abierta, sus últimos registros divulgados no son positivos: Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) presentó un aumento acelerado de los homicidios (115,11%) y robos (74,55%) entre el 2024 y el 2025.

Qué dicen las estadísticas del delito juvenil en la Argentina

Uno de los estudios más prestigiosos y sostenidos sobre delito de menores de edad en nuestro país es el Relevamiento de Dispositivos y Población Penal Juvenil de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Su último informe relevó los centros de detención en el año 2023 y determinó que “el total de adolescentes con algún tipo de medida asciende a 4.299”, una caída del 40,03% con respecto a los 7169 jóvenes involucrados en el 2015. De esos 4.299, 20,7% se encuentran con “medidas privativas de la libertad”, ya sea en unidades o de manera domiciliaria, lo que implica acentuar la atención en un aspecto que quedó fuera del debate legislativo: qué calidad de políticas se proponen para el restante 79,3%.

Del total de detenidos, 0,8% adolescentes tienen menos de 16 años. Su principal crimen es el robo sin agravantes e intervinieron en 8 de las 490 carátulas de homicidio, incluidos los culposos y las tentativas, de todos los menores de edad. Contemplando a los jóvenes de 16 años o más, los delitos contra la propiedad representan la principal incidencia, alcanzando el 54,8%.

Si se observa con parámetro federal, 13 provincias tienen menos de 15 personas detenidas en centros juveniles. La provincia de Buenos Aires concentra el 51,4% de los casos (2.119), seguido por Córdoba (622 y 15,1%) y Mendoza (505 y 12,3%). Es pertinente el dato bonaerense, porque el Ministerio Público provincial determinó que la participación juvenil en el delito de ese distrito constituye el 2,25% del total de las causas.

Aparecen cifras más alarmantes incorporando Sistematización de la información de la Base de Datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados de la Corte Suprema de Justicia, que empezó a abordar estadísticas desde el 2013, año en el que se penalizó a 492 menores de edad (el 32% de ellos con menos de 16 años). Ese número saltó a 945 de jóvenes a los que se le inició una causa penal (que no equivale a ser institucionalizado) en tan solo el primer semestre de 2025, un 4,2% más que el mismo período del 2024. El 57,1% no había tenido otras causas con anterioridad.

Si se toma de la Corte Suprema las estadísticas anuales de 2024 de adolescentes con ingreso en la justicia provincial de menores por causas penales, la cifra asciende a 1788 personas, de las cuales 44,2% tienen menos de 16 años. El mismo estudio propone otra urgencia: no existe registro de "medidas no privativas de la libertad por causas penales". La definición judicial durante todo ese año fue el encierro o la liberación. Aún sin que inicie el debate legislativo, que se anticipa breve, sobre el Congreso recae el desafío de poder superar esa dicotomía.