En medio de denuncias por la enajenación del predio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y presuntas irregularidades en licitaciones asociadas renunció el subsecretario de Ciberdefensa. El coronel (R) ingeniero Marcelo Adrián Ozán dejó el cargo el 1 de diciembre pasado luego de que Luis Petri aceptara su dimisión.
9 de diciembre 2025 - 00:00
Renunció el subsecretario de Ciberdefensa, en medio de denuncias y supuestos obstáculos al alineamiento con EEUU
El renunciante duró apenas 19 días en el cargo. Hay investigaciones sobre irregularidades en el área, referidas a la venta de un terreno en Puerto Madero. Un plan conjunto con EEUU no avanzó y hay funcionarios en la mira.
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El Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa.
El decreto 795/2025 de designación de Ozán se dio a conocer en el Boletín Oficial del 12 de noviembre y el texto decía que su nombramiento era retroactivo al 15 de setiembre. Pero en rigor el coronel Ozán fungía de asesor en la subsecretaría y recién tomó plena responsabilidad y ejercicio de funciones como subsecretario de Ciberdefensa en la fecha de publicación del Boletín.
El ahora renunciante duró en el puesto tan sólo 19 días, un click en el mouse para los tiempos del trabajo estatal.
La Subsecretaría en cuestión reporta a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares a cargo de Marcelo Rozas Garay, y ejerce el control funcional del CCCD que dirige el general de brigada Luis Guimpel. Todos quedaron en el ojo del huracán luego de que se conocieran dos denuncias ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) bajo los códigos de referencia KLGZ-246 y EEVY-5.
La primera revela presuntos vicios en el procedimiento y omisión de deberes de funcionario público, falta de un plan de transición que mitigue la pérdida de capacidad ante la venta del inmueble del CCCD, ubicado en Puerto Madero, una zona de proyectos de lujo, refugio de valor para inversores por su ubicación y alta demanda.
El CCCD es el brazo operativo que protege la infraestructura digital crítica del Sistema de Defensa y proporciona capacidades de respuesta contra amenazas cibernéticas. El predio del CCCD se subastó en 34 millones de dólares dentro del plan de disposición de bienes estatales, autorizado por el Decreto 950/2024, resultó ganador el fideicomiso Madero 6.
La PIA inició averiguaciones preliminares a través de un cuestionario enviado online al jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Xavier Isaac, y al comandante del CCCD, general de brigada Guimpel.
La segunda denuncia, como señaló este medio, expuso que se habría direccionado la adjudicación de licitaciones para adquisición de equipos críticos, obras de adecuación del nuevo edificio y provisión de un simulador de entrenamiento a empresas preseleccionadas con la ventaja administrativa de haber utilizado el “secreto militar”, herramienta que bloquea el cotejo de valores de referencia en los bienes y servicios ofrecidos. Los contratos suman u$s21,8 millones.
Obstáculo en alineamiento
El 1 de setiembre pasado, luego de casi 8 meses de actividad en Argentina, finalizó la participación de un asesor estadounidense designado por el Departamento de Estado para cooperar y asistir al ministerio de Defensa en ciberseguridad, actividad consensuada durante la gestión de Alberto Fernández y resuelta por un memorando de entendimiento firmado en la administración Milei.
El enviado en coordinación con la subsecretaria de Ciberseguridad de Defensa elaboró el Plan de Acción del País (PAP) de ciberdefensa y ciberseguridad. Es el documento que busca instrumentar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad preexistente del país con las reformas regulatorias, de gobernanza, el desarrollo de la fuerza laboral y el fortalecimiento de resiliencia operativa, entre otros objetivos producto del intercambio bilateral.
El 9 de octubre de 2024 se presentó el PAP luego del relevamiento efectuado por el experto estadounidense a los organismos militares del sector ciber y determinado el nivel de actualización, capacitación y respuesta cibernética con el objetivo de mejorar la postura de ciberseguridad del sistema de Defensa.
El documento fue rubricado por el ministro Petri y el comandante de Ciberdefensa, general Guimpel. El acto con la presencia del embajador Marc Stanley se llevó a cabo en el salón Malvinas Argentinas del edificio Libertador.
A casi un año, el 22 de agosto pasado, en ese mismo salón se reunieron Luciana Carrasco, entonces jefa de gabinete, junto al secretario Rozas Garay, el general Guimpel, el subsecretario Ozán y el asesor estadounidense Gus Santiago para analizar la evolución (cumplimiento) de objetivos del Plan de Acción.
El especialista estadounidense describió que el cumplimiento desde la primera evaluación y contacto con el área en 2024 y el status de objetivos se mantenía en un mismo valor, ponderado de 2.6 de madurez cibernética. En claro significa que el Plan de Acción del País no avanzó más allá del papel y las intenciones.
Ese Plan apunta a aumentar el nivel de madurez cibernética, es la hoja de ruta a aplicar en todo el sistema de defensa, las fuerzas armadas y organismos dependientes en orden a garantizar la seguridad digital propia y compromisos de interoperabilidad con los Estados Unidos en el mismo nivel. Es una pieza clave de la orientación estratégica militar con el Pentágono que dispuso la administración Milei.
Llevado a ejemplos de aplicación concreta el PAP abarca asuntos como: la protección de sistemas de aviónica avanzados, redes de datos y software crítico para salvaguardar la información sensible y capacidades de misión de los cazas F-16 contra ciberataques; una condición vital para mantener la interoperabilidad con fuerzas aliadas; o neutralizar intromisiones en redes como la filtración de aquel mensaje de designación de seis oficiales jefes de la Armada, entre ellos de la Dirección General de Inteligencia a cargo del contralmirante Pablo Barbich, para asistir a una reunión sobre el conflicto de Ucrania y Rusia en la embajada de Gran Bretaña.
En diálogo con Ámbito fuentes del área ciber ratificaron que la secretaría de Estrategia y Asuntos Militares no remitió el PAP a los principales mandos militares, incluyendo al Estado Mayor Conjunto, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Calificaron la omisión burocrática como un obstáculo que podría ser interpretado de reticencia al compromiso de alineación estratégica con los Estados Unidos asumido por el Gobierno nacional. Ámbito preguntó: ¿hay relevo para el enviado que finalizó su ciclo? “Dependerá del presupuesto que asigne el Departamento de Estado, pero la inacción en el PAP erosiona la confianza de Estados Unidos en la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos estratégicos y debilita la voluntad para transferir tecnología sensible, realizar intercambios de inteligencia de alto nivel o cofinanciar proyectos de modernización en el futuro”, afirmó la fuente ciber.
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