El gobierno admitió ayer que avanzará sobre las empresasmineras y les aplicará retenciones sobre sus exportaciones, aun cuando se vulnere el régimen de estabilidad fiscal que se les garantizó al presentar sus proyectos. Ese régimen funciona como una «foto» del esquema tributario al momento de aprobarse el proyecto, y asegura a los empresarios que los tributos que deban pagar durante los siguientes 30 años serán los mismos. Por eso, todos los emprendimientos mineros presentados antes de 2002 no pagan retenciones sobre sus exportaciones, lo que sí hacen todos los que se presentaron con posterioridad a esa fecha. Ahora el gobierno quiere que todas las empresas del sector tributen por sus ventas al exterior, aun cuando no debieran hacerlo por no tener a las retenciones dentro de sus impuestos originales.
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En un comunicado, la Dirección Nacional de Aduanas -firmado por su director Ricardo Etchegaray-explicó que ese organismo es ejecutor «de las políticas de Estado, pero actúa dentro del contexto que marcan las leyes y reglamentaciones». Agregó que el mencionado régimen de estabilidad fiscal para las inversiones mineras -instaurado por ley 24.196-«requiere que la autoridad de aplicación (Secretaria de Minería) califique qué proyectos, posiciones arancelarias y empresas se encuentran alcanzadaspor el régimen de estabilidad fiscal y exentas del pago de derechos de exportación.»
Por lo tanto, culmina el comunicado, se dejan «sin efecto las autorizaciones que tenían algunas empresas mineras y emprendimientos a las que se las consideraba beneficiadas por el régimen de estabilidad fiscal».
El comunicado incluye una planilla adjunta en la que se detalla, mineral por mineral ( desde el oro a la sal de mesa) y año a año cuánto fueron las exenciones que beneficiaron a las mineras; el total (entre 2002 y 2007) trepa a u$s 747 millones; lo que omite decir el funcionario es que ese monto nunca estuvo previsto que ingresara a las arcas públicas, justamente porque quienes supuestamente debían tributarlo estaban legalmente exentos de hacerlo.
La declaración de Echegaray tiene como obvio objetivo «despegarse» de las críticas que se le hacen a los secretarios de Minería Jorge Mayoral y de Comercio Interior Guillermo Moreno, quienes en sendas notas sostienen que «corresponde la aplicación de las citadas normas a todos aquellos casos que incumben a la materia y competencia de esa Dirección a su cargo».
Sin embargo, no es esta la discusión (los mineros llegados post-2002 aceptan seguir pagando, como es obvio) sino qué sucede con los proyectos pre-2002, a quienes se les cerró el paquete impositivo a la fecha de su arribo y por treinta años.
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