En el documento -que ahora es analizado por el máximo tribunal bonaerense- le imputó a la Policía provincial la comisión de gravísimos desbordes en el ejercicio de la coacción estatal. «La represión de hechos delictivos es en sí legítima, cuando se la efectúa por medios legítimos, mientras que el gatillo fácil, Pero sostuvieron que la situación es «gravísima» porque estas acciones «son llevadas a cabo por agentes del Estado que recuerdan métodos que caracterizan la dictadura de 1976-1983».
Además de Saín y de Taiana, el escrito fue firmado por las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura bonaerense; la abuela de Plaza de Mayo,
Saín y sus seguidores plantean un escenario que califican de gravedad institucional
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