San Luis: dan media sanción a abolición de "corralito"

El proyecto fue aprobado anoche por amplia mayoría, ya que contó con la adhesión de todas las bancadas (PJ, PUL, MID, UCR-Frepaso, Fregen, Democracia Cristiana y Leandro Alem), con un sólo voto en contra, del diputado radical Fidel Haddad. De esta forma la iniciativa pasa a la cámara de Senadores, que según fuentes parlamentarias la trataría la semana próxima.

La presidenta de la comisión de Finanzas de la cámara baja provincial, Susana Sosa Lago (PJ), dijo que "no es una guerra contra los bancos, ni contra el Estado nacional, sino que se trata de hacer justicia respetando la Constitución, y en eso todos estuvimos de acuerdo".

El proyecto de ley "anticorralito", tal como lo conocen los puntanos, fue elevado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial, y declara la emergencia financiera en toda la provincia "mientras duren las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional" a través del decreto 1.570/01.

Dispone también que las entidades financieras autorizadas a operar en el ámbito de San Luis deberán "devolver los depósitos de propiedad del Estado provincial, municipios y demás personas físicas y/o jurídicas".

Los plazos fijos o a la vista, "deberán ser reintegrados de inmediato y sin restricción alguna, con las condiciones originalmente pactadas en términos de moneda, plazo y tasas, además de los ajustes de cambio que correspondan desde el momento de su confiscación hasta su devolución".

Como penalidad, el proyecto indica que los bancos que "no dieran cumplimiento a las obligaciones emergentes, verán revocadas sus autorizaciones para funcionar en la provincia y serán pasibles de multas y sanciones que fijará la reglamentación".

A fines del mes pasado, cuando se consultó a la gobernadora Alicia Lemme sobre un eventual éxodo de bancos a raíz de la medida, Lemme respondió que "si se tienen que ir, que se vayan, sólo quedaremos con los mejores bancos".

El gobierno provincial tiene sus reservas -247 millones de dólares- depositadas en plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina. Por este motivo, la provincia puntana mantiene un conflicto con el Estado nacional, cuya instancia se encuentra en instancia de mediación ante la Corte Suprema de Justicia.