Se agrava el tema de encuestas fraguadas
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Desde el proselitismo para la elección presidencial de abril pasado, la compra de encuestas fraguadas y «dibujadas a medida» para tratar de acercar votos al candidato, aunque no sea nueva como estratagema, ha tomado un auge inusitado, con lo cual se ha instalado una inmoralidad electoral más en la Argentina.
Es un problema fundamentalmente autóctono, argentino. En Brasil las encuestas las hacen siempre medios reconocidos por su imparcialidad (por caso, el diario «Folha de Sao Paulo»). En otros países se ha terminado institucionalmente con ese accionar antidemocrático de fraguar: se prohíbe difundir las encuestas. En Francia, 5 días antes; en Portugal, una semana; en Paraguay, Brasil y Perú, 15 días antes, y en Ecuador, 30 días. En la Argentina se puede influir con encuestas hasta 2 días antes de los comicios. La legislación -que debería votar nuestro Congreso- es casi perfecta en Francia, que no deja difundir una encuesta sin comprobación legal de cómo se hizo, en qué tiempo, con qué metodología, otras exigencias y una fundamental: el encuestador debe expresar a la autoridad pública quién lo contrató.
Aquí es tan burdo todo que pareciera que los encuestadores son líricos vocacionales que gastan en hacerlas -los que las hacen, porque otros sólo dibujan números- para ver con orgullo sus cifras publicadas en los diarios y ser invitados a la televisión.
Pero precisamente por ser burdo, cobrarán por falsear pero influyen muy poco. Claro, siempre alguno les cree más fuerza y les paga. Aquí, por ejemplo, se han inventado cifras para todo el país que casi todos repiten pero no está probado en absoluto que sean ciertas. Es, por ejemplo, un índice de aceptación de las medidas del presidente de la Nación que superaría 70%, 80%. Es tan al tanteo el auscultar el real sentir que aparte de mala intención puede tener errores. Por ejemplo, se habla de un índice «de popularidad» del presidente Néstor Kirchner de 75% u 80%. Es obvio que alguien que es consagrado presidente, con permanente presencia en medios gráficos, televisivos y radios desde su consagración sea de conocimiento quizá de 90% o 95% de los argentinos. Pero no mide eso la «popularidad». Tampoco determina apoyo a sus medidas y menos a todas.
La izquierda está hoy tan gozosa con la posibilidad de un presidente tipo Fidel Castro, surgido sin saber para qué lo votaban, que insiste continuamente en «80% o 90% de popularidad». Claro, frente al histórico 5% o 6% -excepcionalmente 10% de adhesión de la población-, mencionar esas cifras altas es una terapia de desahogo aunque sepan el engaño. Pero importa lograr que otros las crean y las repitan.
Por otra parte, cualquier presidente que asume tiene un asentimiento de 75% u 80% durante los primeros 100 días y casi hasta los 6 meses. Además, el Dr. Kirchner se ha beneficiado con que no ha tenido que tomar ninguna medida con «costo político», que es cuando se toca el bolsillo de la gente.
Pero esto nunca puede prolongarse. Lo asombroso es que con 8 meses de gobierno Lula Da Silva en Brasil mantenga 45% (en medición seria) luego de haber terminado, por ejemplo, con la insólita jubilación de miles y miles de empleados públicos a los 48 años, que llevaban a un estallido las cajas previsionales o a un abultado peso sobre el presupuesto nacional. Le costó a Lula la votación varios puntos de popularidad, inclusive el previsible alejamiento de 3 diputados del PT que pasarán a formar un partido a la vieja usanza de marxismo extremo y retrógrado. Pero, ¿era o no un privilegio irritante del empleado estatal dejar de trabajar tan joven y encarecer el presupuesto oficial? ¿Será capaz Kirchner aunque se le aleje el marxismo-stalinismo criollo, de medidas así, saneadoras?
• Carencias
Con la picardía criolla aquí quizá no tengamos nunca mediciones serias de popularidad presidencial cuando el gobernante tenga que entrar a esas medidas serias y no sólo de repartir como ahora. No tenemos un Instituto Getulio Vargas como en Brasil, con fama de imparcialidad y, por derivado, de credibilidad. Los diarios aquí no tienen medios y si los tienen -caso «Clarín»- son venales y carecen de credibilidad por sus negocios sucios con los distintos gobiernos. Se podrían esperar mediciones de algunas universidades, pero si son públicas y algo creíbles -de Derecho, por caso- tampoco tienen fondos. Quizá pudiera hacerlo la Universidad Austral. En verdad es un problema el degeneramiento y el uso inmoral que se ha instalado de las encuestas sobre las tendencias de la opinión pública. Se ha perdido así un dato valioso de orientación de gobernantes, de funcionarios, de empresas, etc.
Aquí en lo único que hoy se cree serio es el Censo Nacional cada 10 años y quizá en los índices inflacionarios (aunque Lavagna cambió al director y la metodología de medición), porque ni los índices de desempleo son tomados como serios.




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