Apenas se acalló el escándalo por la revelación del legajo de agente de la SIDE del diputado Juan José Alvarez y ya se avecina otro del mismo tenor en el Ministerio de Defensa. Antes de partir a Irlanda, invitada por el gobierno para asistir a la ceremonia de inauguración de un monumento al almirante Guillermo Brown en Dublín, Nilda Garré dejó una bomba con espoleta de retardo en manos del director de Inteligencia Estratégica Militar, licenciado Carlos Aguilar. Este funcionario debe gestionar la lista completa de todos los agentes y colaboradores de los organismos de inteligencia de las tres fuerzas armadas.
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El pedido se hizo por nota oficial, y el primer destinatario fue el general de brigada Ricardo Montero, titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército Argentino. Iguales formularios llegarán al comodoro Ricardo García y al capitán de navío Mario Abadal, jefes de Inteligencia de la Fuerza Aérea y de la Armada. ¿Será éste el primer paso para constituir la inteligencia «verde oliva» como gusta decir Aguilar para diferenciarla de la inteligencia interna?
La novedad dejó paralizados a los uniformados pues Aguilar pidió el detalle con nombre real, el de «guerra», documentoy tipo de tarea u operación en curso que cumple el agente. Meses atrás, la propia ministra había avalado restringir la información sobre legajos personales ante un pedido masivo que había hecho el juez federal Ariel Lijo al Ejército por una causa sobre violación a los derechos humanos. Ahora el cambio de actitud de Garré convenció de que existen motivos de otra índole.
No se había visto antes un requerimiento de esta naturaleza. Implica poner en superficie la totalidad de los agentes sin un argumento que lo justifique salvo la consigna política de profundizar el control civil de los asuntos militares. Claro que la medida no está fuera de una interpretación parcial de la Ley de Inteligencia: el 18 de agosto pasado, Néstor Kirchner reglamentó por Decreto 1.076/06 el artículo 16 de esa ley y delegó en la titular del Ministerio «el acceso irrestricto a la información relacionada con actividades de inteligencia». Ese artículo es clave para la preservación del secreto, dice: «las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación. El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley». Con cierto criterio, los militares dicen que las atribuciones delegadas se entienden en un marco restrictivo y cuando existan razones de peso para liberar tal o cual legajo, no simplemente para constar en una planilla de control de presentismo.
En esos gabinetes se observó una coincidencia que alentó la sospecha: el pedido reciente que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky hizo a Kirchner. A raíz de la revelación del pasado de Alvarez, el CELS solicitó la desclasificaciónde archivos, el acceso a la nómina de integrantes de la SIDE durante el período 1974-1983 y el control de la idoneidad de sus actuales integrantes. En rigor, esas son atribuciones de los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. La preside Stella Maris Córdoba, diputada kirchnerista por Tucumán, quien mantuvo a la Comisión al margen de la investigación en los dos escándalos en inteligencia que se desataron en este gobierno: el espionaje en Trelew y el «carpetazo» de Alvarez.
Propósito
Es conocido el celo con el cual Garré suele custodiar los secretos que se le confían. Cuando se desempeñaba como responsable de la unidad especial de investigación del atentado a la AMIA con Federico Storani bajo el gobierno de Fernando de la Rúa fue acusada de revelar la identidad de una de las fuentes que atribuían ese crimen a agentes iraníes. No fue un hecho trivial; por esa razón debió renunciar al cargo y fue investigada por la Justicia aunque no la incriminó.
Ya no se duda de que durantela dictadura militar hubiera agentes y colaboradores reclutados entre políticos, empresarios, periodistas y otros sectores. ¿Qué propósito perseguirá Garré para abrir en clima preelectoral legajos de los servicios castrenses? ¿Habrá más Juanjos en la nómina de los uniformados? A pesar de que Kirchner tuvo un rol nulo en la militancia armada de los setenta y en la resistencia a la dictadura, los kirchneristas se tientan con la batalla de legajos para recordarles a otros peronistas su pasado en los años de fuego. Hay que decir que desde la restauración de la democracia no hubo filtraciones de legajos de colaboradores del régimen militar. Y no será porque no existan. Se concluye de las innumerables causas por derechos humanos que el mundo castrense tiene un culto por la disciplina del secreto que raya en el silencio cómplice, pero al parecer han resguardado aquellos datos incómodos de miradas políticas curiosas.
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