Se entregó el gerente del diario La Capital de Rosario que estaba prófugo

El gerente general del diario La Capital de Rosario, Pablo Abdala, se entregó este viernes ante la policía local. Foto: Rosario Plus

El gerente general del diario La Capital de Rosario, Pablo Abdala, se entregó este viernes ante la policía local tras permanecer prófugo en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero, delitos por los cuales fueron imputados otros diez acusados de conformar una organización dedicada al fraude inmobiliario y el blanqueo de activos.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el ejecutivo del diario rosarino -que es propiedad del Grupo Uno de Mendoza- quedó detenido en la sede la Policía de Investigaciones (PDI), y en principio será sometido el próximo lunes a audiencia imputativa.

El directivo será acusado formalmente de integrar una asociación ilícita de carácter celular dividida en estratos con el fin de lavar dinero proveniente de actividades ilícitas como la apropiación ilegal de inmuebles.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de Rosario, Sebastián Narvaja, acusó a otras diez personas de integrar una organización de lavado de activos.

Entre los imputados por defraudaciones y lavado del orden de los 50 millones de pesos hay tres escribanos, un contador, un comerciante, un agente de bolsa, un dirigente sindical, un presunto corredor inmobiliario y dos personas acusadas de prestanombres.

En una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot detallaron siete hechos concretos de desapoderamiento de inmuebles rurales y urbanos mediante fraudes documentales o usurpaciones violentas.

El directivo del diario La Capital está involucrado en el caso de un campo de 124 hectáreas que fue vendido mediante un poder con firmas falsificadas al dirigente sindical Maximiliano González De Gaetano en 2014, detallaron los acusadores.

Quien tenía el poder ideológicamente falso es una persona que se presentaba como corredor inmobiliario llamada Juan Roberto Aymo, quien obtenía los papeles falsificados del escribano Eduardo Torres, también imputado.

La esposa de Aymo, Ramona Isabel Rodríguez, aparece en otros casos como quien adquiere inmuebles urbanos también mediante el ardid del uso de poderes de venta a nombre de su marido, que los verdaderos propietarios nunca firmaron.

En el caso del campo de 124 hectáreas ubicado al sur de Rosario, en plena Pampa Húmeda, el dirigente sindical lo compró por 3 millones de pesos, y a los cuatro meses se lo vendió al directivo del diario La Capital, Abdala, y al contador y empresario Marcelo Jaef por 3,2 millones de pesos.

Según la acusación, éstos a su vez lo transfirieron menos de un año después por 3,5 millones de pesos al agente financiero Jorge Oneto, con la intermediación de Leandro "Lelo" Pérez, un ex novio de la vedete Vicky Xipolitakis investigado también en causas vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, Oneto vendió el campo a los cuatro meses a un tercero que pagó por la tierra 1,3 millón de dólares, el verdadero valor del mercado según los fiscales.

De un modo similar la organización se apoderó de un campo lindero y de varias propiedades en Rosario, en algunos casos con poderes de venta cuyos firmantes habían muerto varios años antes o viven en el exterior desde hace décadas, detallaron Narvaja y Haurigot.

"La organización contaba con capacidad suficiente para receptar dichos inmuebles de modo tal de ponerlos en circulación con la consecuencia posible de que adquieran apariencia lícita, pero además también contaba con la capacidad y se encontraba predispuesta para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas", sostuvo durante la imputación el fiscal Narvaja.

"La organización ?detalló- se estructura bajo la forma de una red, se ramifica en células, con capacidad de funcionar en forma autónoma y al mismo tiempo de coordinar con otras células de la red".

Por último, sostuvo que "está conectada mediante un fin común, el ánimo de lucro, y la posibilidad de disfrutar patrimonial y socialmente del producto del ilícito".

Tras la extensa acusación, los fiscales pedirán el martes las medidas cautelares que entienden deben cumplir los acusados, por ejemplo la prisión preventiva durante el proceso.