Según Capitanich, laudo desfavorable del CIADI puede apelarse ante la Corte

El senador Jorge Capitanich (PJ-Chaco) avaló hoy la postura del ministro de Justicia, Horacio Rosatti, en torno a la posibilidad de que el Gobierno apele ante la Justicia local los laudos contrarios a los intereses del país que pueda llegar a adoptar el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI).

Capitanich, autor de uno de los proyectos presentados ante el Parlamento para determinar la jurisdicción argentina en estas controversias, dijo que su iniciativa apunta a la "vigencia de la normativa hacia el futuro" debido a que en las cuestiones anteriores es la Corte Suprema la que debe establecer la forma en la que se ejecuta el fallo.

"Para atrás hay un criterio interpretativo desde el punto de vista jurisprudencial argentino donde la Corte deberá establecer cómo eventualmente se ejecuta un fallo del tribunal" del BM, expresó.

"Nuestra interpretación es que tiene que tener una aprobación por parte de los tribunales argentinos", afirmó y cuando se le consultó si aludía a la Corte Suprema como última instancia para dictaminar respondió que "sí".

El ministro Rosatti expresó en una entrevista con un matutino porteño que "si hubiera un laudo que vulnerara alguno de estos principios (de derecho público argentino) cabría el control de constitucionalidad por un tribunal local".

"Mi proyecto habla hacia el futuro, indica que la empresa tiene un plazo de 6 meses para la instancia jurisdiccional local y después recién puede accionar ante el CIADI", dijo Capitanich en declaraciones radiales.

Al dar detalles de la iniciativa, Capitanich dijo que "es uno de los proyectos que está en proceso de debate.
Nosotros entendemos que es necesario establecer un conjunto de instrumentos entre los cuales está un protocolo para la discusión de los tratados bilaterales de inversión que ha suscripto el país, que son más de 50, en la década pasada, pero que están próximos a extinguir, por lo tanto es necesario discutirlos con los nuevos parámetros".

"También me parece que es absolutamente imprescindible una reforma de la ley de amparo con objeto del ejercicio efectivo del derecho colectivo y un modelo que sirva de aquí en adelante para la futura vigencia de los contratos renegociados de las empresas privatizadas", detalló.