Según la UCR, debería suspender viaje

El lunes, Cristina de Kirchner compartirá un almuerzo en París con Nicolas Sarkozy. El gobierno ha presentado el rescate de la francocolombiana Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla, como eje central de la visita, pero la premura con la cual se buscó aprobar el esquema de financiamiento del tren de alta velocidad que unirá Retiro con Rosario y Córdoba (el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución que aprueba la «estructura financiera» del tren bala el 26 de marzo pasado) habla del interés oficial por viajar a Francia con un paso importante dado en esta obra, cuyo costo se aproxima a los u$s 4.000 millones y que llevará adelante la empresa francesa Alstom.

Gerardo Morales, senador nacional por Jujuy y principal referente de la UCR no kirchnerista, sostiene que la presidente de la Nación no debería viajar en estos momentos, cuestiona el tren bala y, más en general, vincula este proyecto definido como «prioridad estratégica» por el gobierno con su modelo de «justicia redistributiva».

Periodista: ¿Qué opina de que la Presidente viaje a Francia en estos momentos?

Gerardo Morales: Debería quedarse en el país hasta que el conflicto del campo esté realmente resuelto. Este viaje es por el tren bala. Deberíamos discutir cuáles son las prioridades del gobierno.

P.: ¿Por qué tiene el oficialismo tanto interés en esa obra?

G.M.: Es un gran negocio de miles de millones de dólares. Nosotros presentamos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para parar el tren bala porque la iniciativa oficial incumple el artículo 7º de la ley de obra pública, que establece que debe haber presupuesto y no lo había en 2006. Tampoco se hizo un llamado internacional pese a ser un proyecto que requiere inversión extranjera. Fue prácticamente una adjudicación directa a la empresa francesa Alstom. Apelamos a la Corte porque la Cámararechazó nuestro planteo con el argumento de que el Ejecutivo se puede apartar del artículo 7º cuando se trata de «una obra urgente como el tren bala». ¡Los jueces deciden que el tren bala es una obra urgente! Es una obra no transparente, un acto administrativo irregular por parte del Estado que, para colmo, no contempla las prioridades nacionales. Hay que parar este capricho de la presidenta de la Nación de construir un tren de alta velocidad cuando el transporte ferroviario interurbano está en pésimas condiciones. Arreglar el Belgrano Cargas, reactivarlo beneficiando a unas 14 provincias, costaría 800 millones de dólares.

Reactivar los ferrocarriles del área metropolitana, unos 900 millones. ¡Y nos hablan de justicia redistributiva!

P.: Justamente, en relación con el conflicto agropecuario, el gobierno dice que la finalidad de las retenciones es la redistribución del ingreso.

G.M.: Eso es lo que queremos discutir. Por cada aumento de un punto en las retenciones hay una correspondiente disminución en coparticipación, porque al disminuir la rentabilidad de los productores agropecuarios disminuye la recaudación de impuestos que sí son coparticipables. Por lo tanto, queremos discutir el modelo de apropiación y distribución de los tributos por parte del Estado. El gobierno tendría que explicar el tren bala, Skanska y las falsas facturas, los sobreprecios en la obra pública (1 millón de pesos el kilómetro de carretera en San Luis, 4 millones paga el Estado nacional), los «nuevos ricos» amigos del gobierno, la venta de YPF a Eskenazi, los 450 millones de pesos en subsidios que le dieron a la Federación de Camioneros desde 2003 hasta ahora, etc.

P.: ¿Usted apeló también a la Justicia contra el incremento de las retenciones?

G.M.: Hicimos un planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 125/2008 del Ministerio de Economía, que estableció el último aumento, ante la Cámara de Apelaciones, por la violación de varios artículos de la Constitución, en particular el 76, porque las facultades del Congreso no pueden ser delegadas al Ejecutivo, especialmente la de fijar tributo. Además, se está violando el derecho de propiedad por el carácter confiscatorio de un impuesto que llega a 44% cuando la Corte ha establecido que el tope debe ser de 33%.

P.: ¿Qué balance hace del paro rural?

G.M.: Acá hubo un reclamo que excede el campo porque está en riesgo la democracia representativa, desde el momento en que el Congreso ha sido un convidado de piedra en un tema que por su importancia debía pasar por él. Y hay una disyuntiva entre democracia y autoritarismo. No sólo por la metodología del gobierno, con la aparición de la guardia pretoriana de Luis D'Elía y algunos camioneros de Hugo Moyano, sino además porque, en una situación de conflicto, si se convoca al diálogo las medidas deberían ser tomadas por consenso. Ya que el gobierno dice que las retenciones son para redistribuir, hablemos de cómo acumula y cómo distribuye.

Entrevista de Claudia Peiró