Senado aprobó la ley de educación sexual

La Cámara de Senadores convirtió hoy en ley por abrumadora mayoría el proyecto que establece la obligatoriedad de que las escuelas primarias y secundarias de todo el país, de gestión privada y estatal, impartan un programa integral de educación sexual para sus alumnos.

El proyecto fue aprobado por 55 votos afirmativos y el solitario voto negativo de la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso, quien reclamó la mención expresa de los padres en el deber de la educación sexual de los menores en el texto de la ley.

El texto fue aprobado sin modificaciones tal como llegó de Diputados hace quince días.

La iniciativa contempla la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación para incorporar esta temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de Educación Técnica no Universitaria.

El objetivo es asegurar la transmisión de conocimientos sobre la sexualidad a niños y jóvenes, promover actitudes responsables, prevenir problemas vinculados con la salud general, sexual y reproductiva, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

La norma establece que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad socio-cultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.

Las diferentes jurisdicciones del país deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables, para ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad.

El proyecto establece una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.

También propone que la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro años.

Durante el debate las disidencias giraron en la expresa mención de los padres en el texto del proyecto, sobre todo en el artículo séptimo que establece que "cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros".

La justicialista disidente por San Luis remarcó que el artículo debe mencionar literalmente a los padres en la discusión del programa de educación sexual.

La postura de Negre de Alonso fue apoyada por otros senadores como su compañero de bancada y de provincia, Adolfo Rodríguez Saá; el renovador salteño Ricardo Gómez Diez y la bussista tucumana Delia Pinchetti, entre otros.

Rodríguez Saa, por ejemplo, sostuvo que "pretender reforzar la participación de los padres no afecta en nada los principios de la ley y le otorgan una responsabilidad a quienes deben asumir en plenitud ese deber".

Por el contrario, la pampeana oficialista Silvia Gallego presentó el proyecto argumentando que no se iban a permitir reformas en el proyecto porque "si se avanza en la lectura de la ley se notará que se plantean talleres de capacitación para esos padres que no están preparados para abordar desde su lugar un tema como este".

La bonaerense Cristina Fernández de Kirchner remarcó que "se menciona la participación de los padres como parte de la comunidad educativa", y llamó "hipócritas" a los "sectores que enmascaran su oposición a que se enseñe educación sexual con el argumento de la participación de los padres".

El socialista Rubén Giustiniani también apoyó la sanción de la ley a la que calificó como "una herramienta positiva de educación para atenuar la realidad de los embarazos adolescentes", y agregó que "efectiviza un derecho ante una realidad como es el abuso sexual que en la mayoría de los casos se da en el ámbito familiar".

El radical Luis Petcoff Naidenoff, titular de la Comisión de Derechos y Garantías, celebró que "el Estado asuma un rol activo" en el tema y agregó que la ley ayudaría a "prevenir embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de transmisión sexual".