Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comandan los legisladores kirchneristas Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), respectivamente, darán inicio este mediodía al debate para aumentar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema, con el objetivo de licuar el poder actual del máximo tribunal de Justicia.
Senado: plenario de comisiones inicia hoy el debate sobre una nueva integración de la Corte
Hay tres proyectos de ley que para ser analizados en las dependencias de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta. El Gobierno ni siquiera envió aún el reemplazo de Elena Highton de Nolasco. En caso de avanzar en el recinto aparecerá el desafío principal de juntar votos en Diputados.
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En realidad, la primera finalidad es llenar de críticas al titular de la Corte, Horacio Rosatti, ahora en comando también del Consejo de la Magistratura, situación que buscó bloquear el Frente de Todos, con un rotundo fracaso. Desde fines de 2019 tampoco pudo limar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de la bicameral de control del Ministerio Público.
La discusión es empujada por proyectos del kirchnerismo y de aliados. El único del Frente de Todos volvió a ser presentado por Adolfo Rodríguez Saá, que amplía el número de integrantes a nueve, por lo que se retomaría la composición original del máximo tribunal de Justicia. Según el articulado, la Corte deberá reflejar “las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
Otro texto es de la megaoscilante “opositora” Clara Vega, que apunta a respetar “la paridad de género entre hombres y mujeres, diferentes especialidades de sus miembros y distinta procedencia geográfica en el marco de un país federal”.
En los últimos días también apareció una iniciativa del aliado casi fiel del cristinismo y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, que pide que los jueces del máximo tribunal pasen de cuatro 16. En la actualidad tendrían que ser cinco, pero el Gobierno durmió el reemplazo de Elena Highton de Nolasco. En la Cámara alta además está bloqueado el pliego que propone a Daniel Rafecas como procurador general -jefe de fiscales-, guardado y pisado por la titular de la comisión de Acuerdos, la ultra Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).
La ley que plantea Weretilneck señala: “En su composición deberá garantizarse y promoverse la paridad de género y el federalismo. A los fines de garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos tres integrantes por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata en la región”.
El texto en cuestión resalta que “las regiones involucradas son: Ciudad de Buenos Aires; Provincia de Buenos Aires; Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero); Centro (La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); y Sur (Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.
Por otra parte, “la presidencia será ejercida por un período de un año” y no podrá “elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva”. Si bien la Corte “actuará en plenario en los asuntos en que tiene competencia originaria”, para el resto de los casos funcionará “en cinco salas integradas por tres magistrados, elegidos por sorteo para resolver en cada caso que llegue a conocimiento de la Corte, no pudiendo el presidente integrar ninguna de las mismas”.
Con la zanahoria de 16 jueces, el Frente de Todos aspira a negociar votos que le faltarán en Diputados. En la Cámara alta, y con Weretilcneck de su lado, más la siempre aliada misionera Magdalena Solari, el cristinismo llega a 37 para el quorum. Igual, este tema no necesita la mayoría absoluta ni los dos tercios: puede avanzar con mayoría simple.
La discusión sobre la Corte se da en medio de algunas desprolijidades dentro del oficialismo y flojos discursos del jefe del ahora interbloque del Frente de Todos, José Mayans. A esto se suman reclamos varios de gobernadores y proyectos que deben ser dados de baja.
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