El sector privado volvió a criticar el proyecto de teletrabajo votado semanas atrás en Diputados, a la espera de definiciones en el Senado para analizar el tema y considerar modificaciones. El problema, tal como contó hace más de una semana Ámbito, es que el propio oficialismo tiene su interna en la Cámara alta, con pedidos de cambios para endurecer la iniciativa, es decir, en contra de lo que pide el empresariado.
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Por caso, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que “el proyecto no contempla diversos aspectos claves lo que hace que, de no mediar modificaciones, sea de muy difícil implementación”, y agregó: “Cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART, parecieran no haber sido atendidas adecuadamente”.
Además, la CAC señaló: “Concebir al teletrabajo como una modalidad que únicamente beneficia al empleador es un error. Una regulación inteligente debe tener una mirada de equilibrio para trabajadores y empleadores, permitiendo a los primeros conciliar la vida personal con la vida profesional y a los segundos ver garantizado su poder de organización y dirección contemplados en la Ley de Contrato de Trabajo”.
En tanto, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) envió en las últimas horas una carta al presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el justicialista Daniel Lovera, para manifestar que “una regulación excesiva que no haga las distinciones necesarias y que termine siendo discriminatoria respecto de quienes trabajan en modalidad presencial puede ser disuasiva para empresas y emprendedores”.
Desde la ACDE también dijeron que “no es deseable que regulaciones excesivamente taxativas ahoguen el dinamismo que está en la esencia de esta modalidad laboral”. Con respecto a la letra chica de la iniciativa, la entidad expresó: “Si bien establece que la norma regirá a partir de los 90 días posteriores al cese del aislamiento obligatorio, su concepción está teñida de criterios restrictivos que son propios del momento anormal que atravesamos. No deberíamos adoptar criterios de regulación propios de la emergencia sanitaria para que rijan en los futuros y esperados tiempos de normalidad”.
El oficialismo en el Senado tiene pensado, desde ya hace varios días, una videoconferencia de la comisión que maneja Lovera junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la CGT y representantes de las empresas.
“La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, Vanesa Siley -Frente de Todos- preguntó varias veces si se estaba en condiciones de avanzar y ahora aparecen cuestionamientos dentro del propio bloque oficialista. Falta una orden política clara acá para evitar mayores inconvenientes. Hay diferencias entendibles en un grupo de artículos que no cambiaría el espíritu de la ley, pero si van a incorporar más cosas en la Ley de Contrato de Trabajo, se va a desbalancear todo y la idea es que haya conveniencia para todas las partes”, reconocieron a este diario desde el kirchnerismo.
Para los próximos días, y consumada la reunión de ayer entre la oposición y Alberto Fernández, se espera la reactivación de la actividad legislativa. No obstante, y más allá de lo que pueda ocurrir en comisiones, el Senado aún debe acordar la prórroga del protocolo virtual de sesiones, en medio de discusiones entre oposición y oficialismo tras los movimientos del Frente de Todos a la hora de aprobar proyectos que no estaban relacionados con la pandemia, tal como planteaba el texto consensuado en mayo pasado para debatir iniciativas en el recinto.
El plato fuerte que tiene la Cámara alta para pasado mañana es la exposición de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en la Comisión de Seguridad que preside el legislador kirchnerista Dalmacio Mera (Catamarca).
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