La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia recibió ayer al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Carlos Becerra, para avanzar en la aprobación de una ley que regule la totalidad del sistema de inteligencia nacional. Incluyendo la dependencia de la inteligencia estratégica operacional en el área del Ministerio de Defensa.
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La comisión, que preside la senadora Beatriz Raijer (PJ-Córdoba) acordó con el funcionario avanzar en el análisis de una ley de inteligencia consensuada, para poder auditar la actividad oficial que se desarrolla en el país. Por su parte Becerra aprovechó para afirmar que seguirá adelante con el proceso de reestructuración de la SIDE encarado por su antecesor, Fernando de Santiba-ñes. Del mismo modo aseguró a los legisladores que hasta el martes habían sido relevados «algunos problemas en algunas provincias» pero que no existía por el momento «ningún informe de situación crítica» provocado por los cortes de rutas. Becerra se mostró interesado en mantener periódicas reuniones con los diputados y senadores de la comisión, para hacer el seguimiento de conflictos actuales y potenciales. Lo mismo que lograr consenso para la ley de inteligencia, que en su opinión debería ser incluida en extraordinarias.
El jefe de la SIDE se comprometió además a remitirle a la comisión bicameral informes periódicos -con una intermitencia de 20 días-en los que se realizará un seguimiento del narcotráfico, el contrabando y la inseguridad, que comprende tanto una parte interna (dentro del país) como externa. Lo mismo que las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
Uno de los temas que deberá estar contenido y del que poco se habla, es la dependencia operacional de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, a cargo del ministro de Defensa, Ricardo López Murphy. Esta área, creada tal como lo dispone la Ley de Defensa, depende directamente del jefe del Estado Mayor Conjunto.
La Ley de Defensa Nacional, sancionada en tiempos de Raúl Alfonsín, dispuso que las Fuerzas Armadas estaban inhibidas de hacer inteligencia interior, es decir dentro del país. Reservaban esa función para los organismos del Estado (SIDE) y de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y policías provinciales). Unos cuadritos con cruces, anexos al texto de la norma, establecían esto, aunque habilitando a las FF.AA. para hacer inteligencia exterior.
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