Sigue pelea Gobierno-Iglesia por el aborto

Sorprendió ayer la dureza del Vaticano al respaldar y ratificar en su función al obispo castrense Antonio Baseotto, a despecho del pedido de renuncia hecho por Néstor Kirchner el mes pasado. Fue a raíz de la desafortunada elección de un pasaje bíblico para responderle al ministro de Salud por la despenalización del aborto. La respuesta de la Iglesia fue oficial veinticuatro horas después de que la Conferencia Episcopal se pronunciara unánimemente en contra del aborto y de la aprobación del Protocolo contra la Discriminación de la Mujer que está a consideración del Senado. Lo apoya el gobierno, pero lo rechaza el PJ. Es otro traspié del Presidente frente a sus enojos de los últimos tiempos con este obispo, con la Shell, la Fuerza Aérea y el FMI.

Rafael Bielsa, en la foto con el senador Ramón Puerta, durante su exposición ayer en la cámara de senadores.

A pocas horas de que la Iglesia fijara su postura crítica sobre la despenalización del aborto, el gobierno ratificó su iniciativa para que se apruebe en el Congreso el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que ya tiene dictamen de comisión, es decir que puede ya ser tratado en el recinto.

La posición fue ratificada por Rafael Bielsa en su visita a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y por el propio Ministerio de Salud, a través de la secretaria de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, Graciela Rosso. El documento de los obispos señaló taxativamente, advirtiendo a los legisladores, «sobre el peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW», aludiendo a que es promovido desde las Naciones Unidas.

Según Bielsa expresó a los senadores, a criterio del gobierno este acuerdo «no promueve el aborto». En el diálogo mantenido entre el canciller y los legisladores quedó claro también que la posición del gobierno está más cerca del dictamen de la UCR que sostiene que el Protocolo debe aprobarse sin salvedad alguna. El funcionario consideró que es más «liberal» que el del PJ. En la reunión mantenida por el cardenal Jorge Bergoglio con el titular del bloque, Miguel Angel Pichetto, y el presidente de la comisión, Ramón Puerta, se hizo hincapié en las bondades del dictamen de mayoría (del PJ) que subordina ese Protocolo impulsado desde la ONU, a los preceptos constitucionales que priorizan el Pacto de San José de Costa Rica y la defensa de la vida desde la concepción.

Fue Bielsa quien sostuvo ayer ante los senadores que el Protocolo «es un instrumento que no crea derechos nuevos ni opiniones vinculantes. Y si tuviera algún efecto de ese tipo, para el gobierno no tendría validez».

Por su parte desde el Ministerio de Salud salieron ayer a defender su iniciativa para ratificar el Protocolo. La cartera sanitaria fijó su posición a través de la secretaria Rosso, quien afirmó que apunta a resolver «un problemaserio de salud pública».

Señaló que «no se puede negar la realidad», en referencia a las consecuencias que se generarían a partir de los abortos clandestinos. La funcionaria subrayó en declaraciones radiales: «Son los derechos de la mujer que están en nuestra Constitución. No se puede negar la realidad. Hay que apuntar a que no se mueran nuevas mujeres o nuevos niños». Confirmó que la cartera de Salud trabajará para que el Congreso ratifique «por completo» la iniciativa, duramente criticada por la conducción de la Iglesia.

• Declaración

El martes, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina -compuesta por la veintena de obispos que integran la conducción eclesial-, dio a conocer una declaración en la cual sostuvo que la «destrucción voluntaria» de la vida que se desarrolla en el seno materno «es un crimen». Y tuvo particular repercusión por el enfrentamiento entre el ministro de Salud, Ginés González García y el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, por el mismo motivo. En la declaración -que llevó el título de «Apostemos siempre por la vida»-, los obispos llamaron a la reflexión a los legisladores acerca del « peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW».

CEDAW es el comité sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y tiene un protocolo que recomienda que el Estado garantice el acceso a los servicios de aborto en los hospitales públicos. «La destrucción voluntaria de la vida que se desarrolla en el seno materno es un crimen, porque el primero de los derechos humanos es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural», afirmaron los obispos católicos. Los obispos afirmaron que los derechos de la mujer «no pueden depender de acuerdos o recomendaciones que pretenden garantizar la práctica del aborto como un servicio público». La dureza del pronunciamiento tiene que ver con la creencia de los prelados que el Senado ratificaría en forma inminente el Protocolo.