La Justicia resolvió que no ha prescripto una investigación a Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente de PRO a quien Mauricio Macri ha nombrado jefe de Gabinete para su gestión como mandatario de la Capital Federal, cargo que asumirá en diciembre próximo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Rodríguez Larreta debería declarar en calidad de imputado en el marco de la causa que fue iniciada por supuestas irregularidades en la administración de un fondo fiduciario destinado a la promoción de microemprendimientos. Se trata del Fondo de Capital Social SA (FONCAP) creado por el decreto 675/97, durante el gobierno de Carlos Menem, para la promoción de las pequeñas y medianas empresas. El FONCAP es una sociedad anónima del Estado, que actualmente se encuentra en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que brinda créditos y subsidios y realiza actividades destinadas para la expansión de pymes.
La Cámara Federal porteña rechazó un pedido de prescripción del dirigente macrista, por lo cual el expediente seguirá en curso y Rodríguez Larreta sería llamado a indagatoria.
La medida fue adoptada por la Sala II del tribunal, que confirmó la resolución dictada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que ya había rechazado la petición de que cayera la causa que presentó la defensa de Rodríguez Larreta.
La investigación la inició la Oficina Anticorrupción en 2004 a raíz de un informe elaborado por la SIGEN sobre hechos de 1995. La sindicatura puso en evidencia, según consideró la OA, «la existencia de irregularidades de diversa índole presuntamente constitutivas de ilícitos penales».
Involucrados
El expediente judicial abarca también el desempeño de los ex funcionarios Eduardo Amadeo, Juan Pablo Cafiero y Graciela Fernández Meijide.
En su origen el FONCAP tenía, aportados por el gobierno nacional, $ 40 millones y la sociedad estaba conformada 51% por empresas privadas y 49% de participación estatal. Se le atribuye a los investigados que «en esa particular sociedad no existía un sistema de control sobre el manejo de los fondos, habiendo sido mayor el gasto realizado en sostener su propia estructura que el dirigido a los fines de su creación». Indica además la denuncia de la OA que habría sido beneficiada una de las firmas accionistas con créditos «en algunos casos no reembolsables».
Rodríguez Larreta se desempeñó allí desde agosto de 1998 hasta febrero de 1999.
El juez Canicoba Corral, quien lleva adelante la investigación por las presuntas irregularidades en la administración de los fondos para promocionar microemprendimientos, imputó al dirigente macrista por los presuntos delitos de « administración fraudulenta» y «peculado».
Dejá tu comentario