El nombramiento de 16 fiscales dispuestos por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, siguen generando fuertes cruces por su validez. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, que agrupa a un sector importante de jueces, pidió una acción de amparo para frenar los nombramientos.
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La presentación, en la que se pidió la habilitación de la feria judicial, apunta a frenar la gran cantidad de nombramientos que hizo la Procuradora el último día hábil del año, amparándose en la reciente reforma del Código Procesal Penal, pese a que el mismo no está vigente.
La estrategia de la entidad que dirige el juez Ricardo Recondo, uno de los más férreos opositores al Gobierno y que asumió a fin del 2014 de la mano de la tradicional lista Bordó, se suma a otras presentaciones que en el mismo sentido hicieron el diputado massista bonaerense Mauricio D'Alessandro y el secretario general del gremio de judiciales, Julio Piumatto.
Si bien las 16 designaciones hechas de subrogantes por Gils Carbó recién entrarán en vigencia el 2 de febrero próximo, la entidad consideró que se debe resolver en forma urgente, y por eso pidió que se haga en pleno receso de verano.
Según consideraron, los nombramientos "violan el debido proceso adjetivo y los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, igualdad y no discriminación al nombrar fiscales subrogantes".
La presentación realizada por la entidad es en calidad de "gestores procesales" de los fiscales federales generales Germán Moldes (Capital Federal), Alberto Lozada (Córdoba) y Julio Amancio Piaggio (La Plata).
Entre las 16 designaciones hechas por Gils Carbó en distintos tribunales, los más cuestionados son los fiscales generales ante la Cámara Federal de Capital Federal de Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani, dos hombres que le responden.
Se trata de un lugar estratégico, pues es la Cámara Federal donde se revisa la labor de todos los jueces y se suele definir la suerte de las causas por corrupción.
La principal objeción a los nombramientos es que la reciente reforma del Código Procesal Penal aún no fue implementada y, en consecuencia, los nombramientos dispuestos en el Anexo II de esa ley "resultan nulos de nulidad absoluta por carecer del elemento causa".
"En las resoluciones impugnadas no existen motivos que justifiquen la habilitación de cargos que corresponden a una norma que no se encuentra vigente", cuestionó la entidad, que abiertamente mantiene un cruce con Gils Carbó.
También advirtió que una vacante debe cubrirse mediante concurso público y no a dedo, y que las designaciones hechas por Gils Carbó no fueron sobre cargos cuyos titulares "hayan fallecido, renunciado, gocen de licencia o cualquier otro impedimento".
"Cabe concluir que mal puede subrogarse un cargo que no se encuentra vacante porque nunca fue integrado", agregó en el recurso al que accedió NA, el que será evaluado por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
En él, tildaron de "ilegal" el accionar de la Procuración General al disponer estos nuevos nombramientos, y lo mismo respecto a las designaciones que hizo para correr al fiscal subrogante Eduardo Taiano y en su lugar nombrar a Leonel Gómez Barbellá; y a Juan Pedro Zoni en reemplazo de Gerardo Di Masi.
Acusan que ambas designaciones "violan el régimen general de reemplazos", ya que la prioridad para ocupar esas vacantes las tenían "los fiscales federales titulares de las otras fiscalías federales en lo criminal y correccional de la Capital Federal", pero se designó a funcionarios de "otras jurisdicciones".
Para la entidad, no hay urgencia en las designaciones y el caso es de "gravedad institucional", pues se aleja "de casos particulares para proyectarse sobre la sociedad y la credibilidad de nuestro sistema de justicia".
El recurso presentado por la entidad quedó a cargo del único juez contencioso administrativo federal en feria, Enrique Lavié Pico.
Sin embargo, la Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó un planteo de un colaborador del fiscal José María Campagnoli contra un concurso para el cargo de fiscal, porque uno de los jurados fue la Procuradora, indicaron fuentes judiciales.
Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani explicaron que la inscripción de Ignacio Rodríguez Varela en el concurso "implicó su conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el Reglamento y en las bases" por lo que no correspondía su cuestionamiento.
Los magistrados puntualizaron que, además, el impugnante no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo que ocasionó "la pérdida de su condición como participante".
Rodríguez Varela había impugnado el concurso porque uno de los jurados era Gils Carbó y el tribunal también lo integraba el fiscal Alejandro Alagia, vinculado con la agrupación "Justicia Legítima".
El frustrado aspirante aludía a una supuesta enemistad de esos miembros del jurado por "su desempeño como Secretario de la Fiscalía General en la Secretaría de Investigaciones Penales" que, por indicación de Campagnoli, intervino en la investigación contra Lázaro Báez.
