Soldados con nombre y apellido. Una victoria democrática

Política

Los caídos en Malvinas fueron finalmente identificados. Dos países que alguna vez estuvieron en guerra y que aún tienen pendiente la resolución de la cuestión de la soberanía, se pusieron de acuerdo en los esfuerzos necesarios para que los cuerpos de soldados argentinos enterrados en las islas recuperaran sus nombres y fueran visitados por sus familias. Estas dos democracias lograron saldar lo que la dictadura argentina le negó a los soldados que llevó a la muerte: identidad.

La negación de la identidad fue una constante en la última dictadura militar. El horror del secuestro, la tortura y la desaparición de personas se caracterizó por la negación de la identidad de las víctimas. Vuelos de la muerte, fosas colectivas, tumbas NN. Tanto la represión ilegal como la irresponsable acción militar en las Islas Malvinas coronaron la muerte de ciudadanos con la supresión de sus nombres y apellidos.

Lejos de ser tratados como héroes, los soldados fueron enviados a defender la soberanía de su país no sólo sin preparación y en malas condiciones de equipamiento, vestimenta y alimentación, sino que además, sin medallas de identificación. Tal como destaca un informe británico al momento de recoger los cuerpos de los soldados argentinos caídos durante la guerra, algunos de ellos contaban con una chapa en blanco o cartones escritos con biromes y cubiertos con adhesivos transparentes. No se encontró ningún elemento que pudiera ponerle nombre y apellido al centenar de argentinos que yacen en las islas.

Se repitió la lógica perversa que caracterizó a la dictadura: la negación de la identidad y el retaceo de la información desde el Estado. Ocultar, desaparecer. Del mismo modo, recuperar las identidades, reconstruir la información básica que el Estado debió preservar, han sido, en todos los casos, pasos en la construcción del Estado de Derecho. Todavía bajo la dictadura militar, el esfuerzo del movimiento de derechos humanos para compilar información sobre los desaparecidos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979, fue un paso para que retrocediera la lógica del horror. El Nunca Más, el Juicio a las Juntas, y los procesos aún en marcha de memoria, verdad y justicia completan ese círculo. Lo que sabemos sobre el destino de los desaparecidos es información que la democracia le quita a la dictadura. No es distinto el caso de la identidad de los soldados. Cada nombre, cada apellido, son datos que el Estado Democrático de Derecho le gana a la dictadura que los envió a morir.

En otras palabras, se trató de la más radical violación de uno de los derechos humanos reconocido internacionalmente como pilar en la construcción de un Estado de Derecho: el derecho al acceso a la información, el derecho a saber. De esta manera, la negación de la información desde el Estado ha sido una de las características centrales de una de las etapas más terribles de nuestra historia. La construcción de una cultura de transparencia y acceso a la información, entonces, es también nuestro camino de la negación a la afirmación de los derechos humanos más básicos.

La pérdida de la guerra dio la estocada final a un régimen ya debilitado, abriendo camino a una incipiente democracia y con ella, el restablecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, el renacer de las instituciones democráticas no se tradujo en reparación para con los familiares de los caídos en Malvinas, sino más bien en desidia. Los familiares de los soldados tuvieron que esperar 36 años para reconocer a sus hijos, hermanos, nietos, sobrinos y primos muertos durante la guerra. Incluso algunos de ellos murieron sin llegar a saber dónde estaban. Esta incertidumbre los emparenta con los familiares de los desaparecidos. Comparten el dolor de la pérdida y son evidencia de un Estado que no puede llegar a reconstruirse completamente sin el elemento básico, elemental y fundamental de la información.

En los últimos dos años se realizaron avances clave. Nuevas leyes de acceso a la información a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires instituyen marcos de regulación que garantizan el derecho a saber a los ciudadanos. Se recuperaron las estadísticas nacionales, se establecieron los datos abiertos como norma general de publicación. A nadie se le ocurre descalificar a quien reclama información. Cuando los gobiernos, los partidos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil avanzan en el diálogo para ampliar mecanismos de mayor transparencia, están haciendo mucho más que luchar contra la corrupción y acercar la gestión al ciudadano. Cada paso hacia un mayor acceso la información es un paso más lejos de la barbarie.

(*) Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Ministerio de Gobierno, GCBA.

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