La causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero puede quedar paralizada. El juez que lleva el expediente decidió apartarse del caso y su designado reemplazante no quiere asumir la investigación porque dice «no saber mucho de la causa».
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El polémico fiscal Carlos Stornelli, que fue enviado a Córdoba por el procurador general Esteban Righi y la única querellante rechazaron la decisión del juez Luis Martínez de apartarse de la pesquisa.
La postura de Stornelli no es un gesto de bondad. Responde a otros intereses. El fiscal alienta la hipótesis de que la fábrica militar fue volada para «borrar huellas del contrabando de armas», una maniobra que se la achaca también al ex presidente Carlos Menem.
La fábrica explotó el 3 de noviembre de 1995 y el juez Martínez siempre siguió la línea que marcaba la tragedia como un accidente.
Además de la decisión de Martínez de no seguir con la investigación, su reemplazante, el juez Luis Rodolfo Ferreyra, anticipó que analiza «rechazar el nombramiento».
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