También cruzan carpetas senadores vs. auditores

Los últimos capítulos de la relación entre la Auditoría General de la Nación y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, de la que la AGN depende, demuestran que los diputados y senadores de todos los partidos están convencidos que la denuncia por las diferencias en las fechas de firmas de un acta de esa comisión partió de información que salió de las oficinas de Leandro Despouy, presidente del organismo.

Las disputas entre ambos cuerpos no son nuevas. Los diputados y senadores de la Bicameral reciben informes de la Auditoría -como el análisis de la cuenta de inversión de cada año- y luego los aprueban, rechazan o emiten observaciones y pasan esos dictámenes a los recintos para su aprobación. Esa es la función que la Constitución y los reglamentos le dan a la comisión.

Claro que la Auditoría tiene una gama de análisis que es mucho más amplia que las cuentas de la ejecución de gastos y que se extiende a auditar toda la actividad de los organismos del Estado. Pero siempre la Auditoría resistió reconocer a la Bicameral Revisora como autoridad de alzada.

Esta doble relación siempre provocó rispideces por la vocación autonómica de la AGN por un lado y la de control de los legisladores por el otro.

Con la llegada de Despouy esa cuestión se agravó. Como representante del radicalismo -la presidencia de la AGN le corresponde al principal partido de oposición-, Despouy llegó a ese cargo en otro momento histórico de la UCR. Esto significa que la base de sustentación política del máximo auditor no es hoy la misma que cuando lo propuso Angel Rozas para el cargo, por influencia de Marcelo Stubrin, y adonde fue llevado desde la Cancillería.

Historia

Esa relación de poder no es hoy la misma dentro del radicalismo y por eso se explica que no aparezca demasiado interés, inclusive en legisladores de la UCR en defender a Despouy.

La historia reciente de esta pelea registra tres hechos:

Una organización no gubernamental, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, denunció la existencia de un acta de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -instrumento en el que reportan los dictámenes que la comisión emite, pero que no constituye el documento final que luego llega al recinto de las cámaras para su aprobación- donde aparecen las firmas y nombres al margen de legisladores que a la fecha del acta no estaban en el país. Se puso también en tela de juicio cómo se constituía el quórum en la comisión. Esa denuncia tuvo profusa cobertura de prensa y allí comenzaron las dudas de los legisladores.

Los diputados, liderados por Oscar Lamberto, presidente de la comisión, explicaron que el acta se realiza para llevar un seguimiento de los expedientes pero que no constituye un dictamen en sí mismo sino un acto administrativo.

El juez Norberto Oyarbide tomó la investigación y terminó absolviendo a los 12 legisladores que integraban la comisión en el momento en que se firmó ese acta: Oscar Lamberto, Mario-Losada, Gerardo Morales, Nicolás Fernández, Floriana Martín, Luis Martinazzo, Jorge Yoma, Juan José Alvarez, Roque Alvarez, Humberto Roggero, Alejandro Nieva, Héctor Romero y María Baccaro. Oyarbide dijo que los hechos denunciados «no constituyen delito».   

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas no se quedó quieta después del hecho y el primer dato que recogió del análisis del presupuesto pedido por la Auditoría para 2007 fue que registraba un incremento de gastos de 27% en relación con el 2006 y por encima de las metas presupuestarias fijadas por la Secretaría de Hacienda. Un hecho que no puede obviarse es que la Bicameral es la que avala el pedido de fondos de cada año de la AGN y aprueba el cronograma de auditorías que realizará.

Con la firma de todos los integrantes -radicales, PJ y provinciales-, entonces, la comisión intimó a la Auditoría a que explique cómo utilizó los fondos que se le asignaron para este año, y aclare el destino que dio a dos donaciones que le otorgó el Banco Mundial y BIRF para modernización. Hasta allí el pedido de informes técnico para avalar el presupuesto de la entidad, aunque se envíe junto a una suerte de protesta por no haber liquidado a tiempo el uso de esos fondos.

Pero para que no queden dudas, además, a ese pedido se sumó otro del senador santacruceño Nicolás Fernández, aliado incondicional de Cristina Kirchner en el Senado, en el que exige que se informe por qué Despouy ocupa un cargo de relator en la ONU mientras se desempeña como presidente de la Auditoría y si utiliza sus oficinas en ese organismo para tareas incompatibles con su función.

Nicolás Fernández también quiere saber cuántas veces viaja Despouy al exterior para cumplir esas tareas extras, la cantidad de llamadas internacionales que se hicieron desde sus oficinas y por qué se habría incorporado supuestamente 80 personas a la planta permanente del organismo.

El tercer capítulo hasta ahora lo protagonizó el fiscal federal Federico Delgado, que ayer anunció que apelará la resolución de Oyarbide que sobreseyó a los legisladores por el caso del acta, por lo que esa instancia que parecía cerrada aún esta pendiente.