También hay una ética política

Un juez indeciso enfrenta a un fiscal intencionado que decide pedirle la indagatoria de un ex presidente constitucional, Carlos Menem, acusándolo de la «jefatura» de una «asociación ilícita» por haber firmado con los ministros de su gabinete un decreto por un tema, en definitiva, menor. Dejemos de lado la distorsión que significa haber llevado a un grado de injuridad extrema una figura penal del Derecho como la «asociación ilícita», sólo concebible dentro del marco de la degradación en que ha derivado nuestra Justicia. Pero un presidente como el Dr. Fernando de la Rúa no puede convocar a las cámaras de TV, como hizo este lunes al retirarse con tranquilidad de la Casa Rosada a descansar declarando que «el gobierno de ninguna manera ha tenido intervención en esto. Respeto la independencia de la Justicia».

Se descarta que los argentinos no podrían concebir una torpeza como la ocurrida de quien preside constitucionalmente la Nación. Pero ello no descarta que el actual presidente y su Partido Radical no hayan caído en una gravísima falla de ética política.

No le sirve a un partido, como el Radical, excusarse en lo obvio de que el Poder Ejecutivo no debe interferir con decisiones del Poder Judicial. No le sirve al Partido Radical, a quien De la Rúa hoy representa con la más alta magistratura, porque históricamente ha interferido en contra de lo legal y en contra de lo constitucional. Porque han llevado ya reiteradas veces a sus principales políticos opositores, los justicialistas, a la Justicia o a ponerlos directamente en la antijusticia por razones políticas.

¿Qué es, si no, que en 1958 hayan acompañado e impulsado, maridándose con un gobierno militar de facto, la proscripción del entonces Partido Peronista cuando se elegía un presidente de la Nación hecho que, en definitiva, le dio el cargo a un radical como Arturo Frondizi en puja, contra otro radical, Ricardo Balbín?

¿Qué es, si no, que poco después, en 1963, hayan vuelto a apoyar, junto a otro gobierno militar de facto, la proscripción contra el mismo adversario peronista para que presidiera la Nación, acotado por la base espuria otro radical, Arturo Illia?

¿Qué «no interferencia en la Justicia» es que un canciller del Partido Radical del mismo presidente Illia, Miguel Angel Zavala Ortiz, acordara con un gobierno extranjero, el de Brasil, que en 1964, en Rio de Janeiro, interfiera y retornara en exilio a España a un ciudadano argentino que, casualmente, era también el líder del que seguía siendo el principal partido opositor, el general Juan Perón que legítimamente intentaba regresar a su país natal?

¿O es que el radicalismo interfiere en la Justicia sólo cuando, políticamente, se beneficia?

¿Qué «no interferencia en esa Justicia» es que un conspicuo representante del Partido Radical, como Arturo Mor Roig, fuera en los años'70 ministro del Interior de otro gobierno militar anticonstitucional y se volviera a proscribir al candidato, casualmente, Juan Perón del principal y ya indudable partido mayoritario, el peronismo-justicialismo?

¿Cabe preguntarse qué es que el líder entonces del partido, Ricardo Balbín, dijera en los primeros años del Proceso Militar de 1976-1983 que no debería hablarse de «desaparecidos» sino de «muertos»?

¿Qué es que el ex presidente radical Raúl Alfonsín en la célebre caminata por los jardines de Olivos, le haya propuesto a quien era sólo electo y sin responsabilidad legal, Carlos Menem, un indulto general a los ex comandantes de las juntas del Proceso?

¿Se actuaba o no políticamente sobre decisiones del Poder Judicial? ¿Es o no uso de la política, aunque sea constitucional a veces, disponer el estado de sitio sin que hubiera, ciertamente, «conmoción interior» como hizo el mismo titular del Poder Ejecutivo radical de 1983 a 1989 para poder ordenar la detención de periodistas como Jorge Vago, Rosendo Fraga, Horacio Rodríguez y otros que lo criticaban? ¿No es uso político que Alfonsín dispusiera las detenciones antes de dictar el estado de sitio? Curiosamente el juez interviniente -que llegó a rechazar los hábeas corpus como el de Rodríguez-fue el mismo Martín Irurzun que ahora es tentado a usar la «asociación ilícita» a un gabinete de ministros y un presidente de la Nación.

¿Y quién en aquel uso político del estado de sitio contra críticas de periodistas actuó junto a Urso? Carlos Becerra, radical y secretario general de la presidencia de Alfonsín.

Esta historia nuestra, con muchas más citas, pone en evidencia que el Partido Radical ha vivido décadas con desbordes políticos hacia el Poder Judicial para escarnecer a sus rivales, los justicialistas. Y ni mencionar que han sobrellevado, en silencio, la prisión y anti-justicia impuestas por regímenes militares de facto a dos figuras del justicialismo, como Isabel Perón y Carlos Menem, ambos democrática y constitucionalmente electos como presidente de la Nación y gobernador de La Rioja, respectivamente. Fueron 5 años de prisión a cada uno -sólo el general Paz en la era de Juan Manuel de Rosas, en el siglo XIX, tiene en la historia de la Argentina lapso mayor (3 años) de privación de la libertad por razones políticas en medio de esa abstención de crítica del radicalismo.

De este partido que fundara Leandro Alem en 1890, hubo algunos exilios pero sólo se recuerdan dos únicos sacrificios políticos: la injusta prisión de más de un año de Hipólito Yrigoyen en 1930, tras ser derrocado, y el cruel asesinato de Arturo Mor Roig de un tiro en la nuca por la subversión en los años '70 por haber sido ministro de un gobierno militar de facto.

Las demás inmolaciones de días de libertad, de la vida y también exilios -los más prolongados también-fueron siempre de sus opositores. El gremialismo peronista y no los radicales aportó a los desbordes la vida de José Rucci, Augusto Vandor, Oscar Smith, Adolfo Cavalli, José Alonso, Dick Kloosterman, Rogelio Coria, Rosendo García, Felipe Vallese y más.

El justicialismo ha sido la víctima propicia del desborde judicial impulsado por vientos políticos.

De nuevo se intenta repetir la historia, ahora ante la pasividad de otro presidente radical.

Un fiscal interesado en personalizar su imagen que apoya la izquierda criolla y satisface un tétrico monopolio de prensa que azota al país se lanza a poner presión a una sociedad y a ese gobierno ahogado. Ese monopolio de prensa, «Clarín», está asustado y desorbitado por su deuda de 3.000 millones de dólares fruto de su ineficiencia empresaria, cuando ha sido extensamente subsidiado por todos los últimos gobiernos, militares y civiles sin distinción. Una comedia grotesca que involucra a la Justicia y a un gobierno que es socio de ese monopolio «Clarín», en Papel Prensa.

Por si faltara acumular males, estaría que a su deficiencia administrativa el gobierno aliancista agregue indecisión de gestión, falta de memoria histórica y violación a la ética política.

Parece ya demasiado. Hasta un presidente militar de facto, el general Alejandro Lanusse, supo tener resolución política en los años'70. Un operativo de los servicios secretos del gobierno secuestró a un diplomático de la Unión Soviética por razones de ideología política y exacerbado anticomunismo. Un modesto cabo de Policía, en una época en que no se habían inventado todavía las «zonas liberadas», sacó su pistola. Ante el tumulto detuvo el auto, liberó al diplomático y arrestó al oficial de los servicios a quien, además, identificó, poniendo en serio compromiso al gobierno militar porque, se sumaba que debía intervenir la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un diplomático extranjero. Sin hesitar el presidente Lanusse lo indultó al detenido por el cabo.

Este gobierno se estremece por dos dictámenes lamentables en un mismo día, dictámenes vejatorios, insultantes, politizados y denigrantes para la imagen del país. Ambos, coincidentemente, impulsados a través de la presión mediática antilegal por el mismo diario monopólico dispuesto a asumir como «juez» luego de ejercer el desgaste previo de los afectados por previa «condena desde la prensa». El dictamen del fiscal Carlos Stornelli, por un lado contra el ex presidente Carlos Menem, un ex ministro y un ex comandante en jefe -excluyendo maliciosa e intencionalmente a sólo uno de los firmantes del decreto de las armas para no irritar al gobierno que hoy lo tiene de ministro, Domingo Cavallo-y la resolución de una comisión anticonstitucional del Congreso usada para extorsionar, procurando su renuncia, al presidente del Banco Central, Pedro Pou, con acusaciones ridículas.

Son dos piezas que Borges las hubiera incluido en su «Historia Universal de la Infamia».

El gobierno y el presidente de la Nación observan todo esto desde el jardín de la Casa Rosada.