Tarifas: nueva queja opositora por audiencias

El diputado puntano Andrés Vallone criticó la condición "no vinculante" de las reuniones.

Andrés Vallone.

En medio de la campaña previa a las PASO del 11 de agosto próximo, un diputado nacional de la oposición quiere recategorizar las audiencias públicas que se realizan para fijar nuevos precios en tarifas de luz, agua, gas y transporte, y desactivar el carácter no vinculante de los encuentros.

“Hay que modificar las mal llamadas audiencias públicas para la modificación de tarifas. No hay participación ciudadana y es una simple formalidad para legalizar el robo al bolsillo de los ciudadanos, ya que la opinión y aporte de los ciudadanos ‘llamados’ a participar en las deliberaciones junto a los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional no es vinculante, por lo que es un mero trámite para cumplir con lo establecido constitucionalmente”, aseguró el legislador puntano Andrés Vallone (Unidad Justicialista-San Luis).

Según Vallone, “da la sensación que el rol del Estado, como regulador, como custodio de los derechos de los ciudadanos, se vulnera, ya que debería abstenerse de interferir en favor de la empresa y resguardar los derechos civiles”, y disparó: “Cuando se llega a la Audiencia Pública pareciera que ya está todo acordado entre el ente regulador y la empresa prestataria del servicio”.

Para el diputado puntano, y “ante la sospecha de connivencia a la hora de fijar las tarifas que afectará la vida cotidiana de los ciudadanos, es necesaria la modificación urgente de la norma que contribuye a desproteger el bolsillo de la gente y engrosar las arcas de las empresas prestadoras de servicios esenciales”. En esa línea, exige que “la participación de la ciudadanía se refleje en los futuros aranceles que deberán pagar por los servicios básicos para una vida digna, y por ello es fundamental la reforma de su aplicación, contemplada en la Constitución”.

Vallone también ató la nueva iniciativa a un proyecto que empujó el año pasado, que contempla excluir a los municipios de la categoría en la que se encuentran, junto a las industrias, como “grandes consumidores”. Sobre este punto, el legislador puntano explicó que si bien “los servicios públicos de (agua, electricidad y gas) son ‘suministros fundamentales que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social’”, los municipios “propenden a realizar grandes consumos de energía eléctrica pero que, prorrateados en la cantidad de usuarios habituales y potenciales que se ven beneficiados con este servicio, estos grandes consumos pasan a ser ínfimos o casi imperceptibles”.

La propuesta del representante de Unidad Justicialista es que los municipios formen parte de una nueva categoría -Prestadores de Servicios Públicos- por “el esfuerzo cada vez mayor realizado para afrontar el costo”, ya que los mismos se ven “injustamente sometidos en un régimen industrial, siendo que su objeto es netamente el beneficio de toda la comunidad”.