Tensión en el gobierno por caso del valijero: muestran hoy las pruebas del FBI en EE.UU.
El gobierno de nuevo en ascuas por 48 horas porque se hace hoy la audiencia, en el juzgado de Miami, sobre el caso del valijero venezolano que, según sus cómplices, traía dinero para la campaña de Cristina de Kirchner. Se escucharán cintas, se mostrarán imágenes, se ventilarán más nombres de argentinos. La Casa Rosada intentó durante el fin de semana instalar su hipótesis de que se trata de una patraña urdida por el gobierno de los Estados Unidos para disciplinar al continente. La oposición se mueve -pese a la audacia explicativa de un gobierno que sería oportuno aclarase si el destino del dinero es cierto- con cautela porque teme que la nueva presidente la acuse de desestabilizar con ayuda extranjera. Una de las especialidades del peronismo de ayer, de hoy y de siempre.
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Cristina de Kirchner y Alberto Fernández
Un ex integrante de la Cámara Federal admitió haber participado junto a Guido Antonini Wilson y dos venezolanos de una reunión en Miami, en la que el imputado por el caso del maletín habría sido presionado para que no revelara el destino de los 800 mil dólares que quiso ingresar al país sin declarar.
Maiónica es una pieza clave también en otro de los enigmas de esta causa, la participación de un argentino en la mesa del restorán de Fort Lauderdale donde los venezolanos amenazaron a Antonini Wilson, de acuerdo con su relato. La participación de un «individuo argentino» figura en la acusación del FBI. El fin de semana el ex camarista Guillermo Ledesma reveló que él había viajado a Miami para asesorar a Antonini Wilson sobre su situación legal en la Argentina, por lo que se presume que podría ser el hombre que menciona el FBI, pero no es una prueba concluyente.
«Dado que en todos los actos de mi vida profesional, tanto como juez cuanto en mi calidad de abogado, he actuado a plena luz del día, me veo en la obligación, por respeto al derecho de informar que hace a la libertad de prensa, valor sustancial en un estado de derecho, a poner de manifiesto que el argentino presente en esa ocasión fui yo», dijo Ledesma en un comunicado.
A Ledesma lo contrató como abogado en la Argentina el estudio jurídico venezolano Di Vénere-Maiónica-Rossini-Jelambi-Balestrini & Ribeiro, para que analizara la situación penal de Antonini.
Ledesma le recomendó, frente al pedido de extradición, «no eludir a la Justicia argentina». Es decir, que se presentara en Buenos Aires, algo a medida de las pretensiones de los venezolanos, pero imposible para ese momento porque Antonini para entonces ya actuaba como colaborador del FBI. Sobre el destino de los fondos, Ledesma explicó: «En honor a la verdad, debo decir que, al menos en mi presencia, no se habló del destino que tenían los fondos que fueron secuestrados».
Desde hoy, además, tanto el FBI como los fiscales adjuntos que intervienen en la causa tendrán 12 días para presentar ante la Justicia la totalidad de la prueba sobre la que armó la acusación. Será el momento más duro para el gobierno argentino: allí no sólo aparecerán las declaraciones de Antonini Wilson, sino las grabaciones que el venezolano tomó cuando se prestó a llevar micrófonos ocultos en los encuentros con sus ex socios y las pinchaduras telefónicas. Será el momento de saber, por ejemplo, si es cierto, como dice el fiscal Thomas Mulvhill, que en una de esas conversaciones Durán le confió a Antonini que el dinerodel maletín que llevó como correo a Buenos Aires estaba destinado a la campaña de Cristina.
El 28 de diciembre, mientras tanto, será la fecha límite para que el gran jurado decida finalmente si existen pruebas suficientes para elevar la causa a un juicio que se iniciaría a fines de febrero próximo.
En las audiencias que comienzan hoy, el centro de la atención estadounidense no estará en si los fondos del maletín que llegó a Buenos Aires en manos de Antonini Wilson -o en manos de otro de los pasajeros pero cambiando de correo a último momento-, como se desespera el gobierno argentino, sino en los tres venezolanos a los que se acusa por actuar como agentes de inteligencia de Venezuela en ese país.
Es cierto que desde todo puntode vista es negocio para los EE.UU. generar cualquier acción que implique un alejamiento de la Argentina del alcance de Hugo Chávez, pero más importante es atacar la influencia creciente de venezolanos que operan en la Florida con negocios que se nutren de fondos chavistas y que ya amenazan dejar a las operaciones de cubanos como un juego de niños.
Entender lo contrario es no conocer el funcionamiento de la Justicia en ese país, por más que vuelva a resultar seductora, como salida, la teoría de otro complot con la Argentina.
De hecho, las relaciones entre Durán, Kauffmann y el gobierno de Hugo Chávez son cada vez más claras. Durán, por ejemplo, además de sus intereses en la petroquímica Venoco, integra otras empresas como Ruibal y Durán. En su propio sitio web se explica que esa empresa venezolana fue «fundada en Caracas el 26 de abril de 1990. La compañía se dedica a la importación, exportación y distribución de una gran variedad de bienes. Entre los principales clientes de la empresa están instituciones públicas y oficiales dentro de la República Bolivariana de Venezuela al igual que en otros países».
Por si no alcanza con la referencia dentro del currículum se reconoce también que en «2002, Ruibal y Durán se convirtió en el proveedor oficial de equipamiento policial y antimotín del gobierno de Venezuela».
Esa historia es sólo una parte de las relaciones que mantuvo el grupo de venezolanos con la «boliburguesía» que rodea a Hugo Chávez y que tiene sus negocios más importantes alrededor de Venoco, tal como reveló este diario no bien se inició el escándalo.




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