Otra cautelar contra DNU TIC y se bloquea pase ahora a la Corte

Política

Mientras que en el marco de la causa iniciada por Telecom, (Grupo Clarín) fueron rechazados los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional, contra la cautelar que suspendió el DNU 690/2020, se desencadenó otra medida cautelar con vigencia de seis meses de similares características a pedido de otras empresas de telecomunicaciones. El doble revés deja por un lado al Gobierno con la única chance de ir en “queja” a la Corte Suprema por la vigencia de la medida cautelar, algo que posee magras chances de prosperar.

La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió ayer por mayoría otorgar la cautelar a pedido de Telecentro y DirecTV y frenar los principales artículos del DNU que declaró el año pasado como servicio público esencial a las telecomunicaciones. Pero adicionalmente, se suspendieron tres resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) vinculadas a ese decreto, lo que incluye la dictada en febrero de este año que habilitaba un aumento máximo de los servicios del 5%. Esta decisión judicial deja vía libre a las empresas para que puedan fijar los aumentos de manera autónoma, a la vez que avanza el litigio en el que cuestionan estar enmarcadas dentro de la categoría de servicio público esencial, tal como especificó el DNU.

El fallo fue firmado por los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira y en disidencia se pronunció María Claudia Caputi.

“Corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, disponer como medida precautoria, la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del decreto 690/2020 y de las resoluciones ENACOM Nros. 1466/2020, 1467/2020 y 204/2021, y su consiguiente inaplicabilidad con relación a las firmas accionantes”, sostuvieron la decisión del fuero Contencioso Administrativo Federal. En su fallo de 85 páginas, hicieron un repaso de todo el caso y luego sostuvieron que correspondía dictar la cautelar ya que había existido “una alteración sustancial del régimen jurídico de los servicios prestados por Telecentro S.A. y por DirecTV Argentina S.A”.

Las demandantes calificaron al DNU de “nulo de nulidad absoluta e insanable” y que principalmente no cumplía con los requisitos de necesidad y urgencia para su dictado. Basaron además su objeción en la presunta “manifiesta violación actual de la libertad de expresión e información, tanto en su faz individual como colectiva” porque implicaba a “los servicios de telefonía móvil, la televisión por suscripción y la provisión de servicios de internet”.

“A lo que se deben añadir como factores de singular relevancia, los efectos adversos que provoca a las empresas accionantes, el régimen de retribución que resulta de las normas cuestionadas, en la actual coyuntura económica financiera y cambiaria que atraviesa el país, caracterizada, entre otros factores, por una alta inflación y un fuerte deterioro en la valuación del peso frente a las monedas extranjeras; cuyos resultados negativos se ven potenciados por la nueva regulación”, apuntaron los jueces. Todavía queda pendiente la resolución de fondo pero el panorama para el Gobierno no es auspicioso.

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