El juez federal Claudio Bonadío les prohibió la salida al país al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, al titular de la empresa concesionaria TBA, Claudio Cirigliano, y a otras personas vinculadas con la tragedia en la estación Once en donde murieron 51 personas.
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Fuentes judiciales informaron que el magistrado prohibió al funcionario y al empresario salir del país, e igual medida adoptó respecto al Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, al titular de la CNRT, Eduardo Sícaro, y a otros empresarios integrantes de TBA.
La prohibición de salida del país también es extensiva a los hermanos Roque y Claudio Cirigliano.
Pese al dictado de la medida, las fuentes aclararon que ello no implica la imputación hacia alguno de los funcionarios o los empresarios, quienes eventualmente sí podrían ser acusados con el devenir de la investigación.
Schiavi fue sometido la semana pasada a una angioplastía y le colocaron un stent a raíz de una obstrucción coronaria, por lo cual debió ausentarse de su trabajo y aún no se reintegró.
Sus colaboradores le dijeron a Noticias Argentinas que el médico que sigue su evolución le pidió que mantenga unos días más de reposo, ya que la intención de Schiavi era volver este lunes a la Secretaría de Transporte.
Por otra parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a familiares de víctimas apeló ante la Cámara Federal que Bonadío haya aceptado como querellante la semana pasada al Estado.
Dalbón, quien actúa como querellante en la causa, apeló la decisión del juez y lo recusó para que se aparte de la investigación en la cual aún no hay imputados.
Justamente el letrado consideró que los funcionarios "pueden resultar imputados" en la causa, y en ese sentido, que al aceptarlos como querellantes le da la posibilidad de tener acceso a la causa de antemano.
La semana pasada, el juez Bonadío aceptó como querellante al Estado nacional, a raíz de una presentación efectuada por el área de legales del Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido.
Bonadío -según las fuentes- dispuso esa medida aunque aclaró que ello no es impedimento para que la investigación, de resultarlo, se dirija hacia una imputación concreta de algún funcionario.
El querellante Dalbón también instó una causa penal por "prevaricato", esto es, fallo contrario a derecho, contra el juez por esa decisión, y la denuncia recayó en el juzgado federal Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría.
Mientras tanto, están en marcha las pericias para determinar si la causa del accidente fue una falla en el sistema de frenos, tal cual declaró días atrás el guarda de la formación Antonio Córdoba.
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