Tras 16 días, levantan el corte de ruta en Salta

Luego de 16 días, los piqueteros que cortaban la ruta salteña 34 decidieron abrirse al diálogo con el gobierno nacional y el de Salta y firmar el acuerdo que dará terminación a la medida de fuerza y conducirá al principio de una solución a la crisis que plantearon los activistas.

La retirada resultó previsible para algunos y sorpresiva para otros. Por una parte, no deja-ron de gritar a todo pulmón: «No nos vamos a ir porque de esta forma terminaríamos volviendo pobres a nuestras casas» y regresaron al Regimiento 28 del Ejército en Tartagal, cuando escucharon por radio que Walter Ceballos (secretario de Provincias) había decidido regresar a Buenos Aires ante el fracaso de las negociaciones. Pero, por otra parte, la presión de quienes querían abandonar el piquete hizo que sus representantes regresaran al diálogo para firmar un acuerdo definitivo y levantar el corte.

En tanto, momentos antes del consenso final, se había alcanzado un principio de acuerdo entre el gobierno nacional y los piqueteros que consistía en el otorgamiento de 400 planes de empleo y la creación de 600 puestos por obras de infraestructura; y ya con cierta lógica, el final podía dilucidarse.

Mudanza

Otro indicador fue que en la madrugada de ayer, los que reclamaban en Tartagal mudaron sus protestas a Mosconi. Las posiciones fueron encontrándose una a una y cuando el gobierno pedía el abandono de las armas de fuego, los manifestantes planes Trabajar. El norte salteño rechazó la política de su gobernador, Juan Carlos Romero mientras que las 212 comunidades aborígenes que cortaban a la altura de Cuña Muerta, ya habían determinado aceptar 200 planes Trabajar que había ofrecido gobernación.

La situación de los piquetes, que se había extendido 70 kilómetros de sur a norte de la provincia salteña y sobre la Ruta 34, explotó de alguna manera este último fin de se-mana. El viernes pasado, las ciudades de General Mosconi y Cuña Muerta, fueron escenario de violentos disturbios. Mientras tanto, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, sostenía que no iba negociar «hasta que devuelvan todas las armas» que se habían llevado de la Comisaría de Tartagal.

En Mosconi, la Policía intentó desalojar a quienes se encontraban apostados allí, se produjeron enfrentamientos y una bala mató a Aníbal Verón, un desocupado que protestaba en la ruta.

Por eso mismo, el gobernador Juan Carlos Romero solicitó la renuncia al jefe de la Policía local, Víctor Gómez García -que coincidió con la dimisión del interventor de la ciudad de Tartagal, Eduardo Sándari. Los protestantes, por su parte, incendiaron más tarde la Comisaría del lugar y tomaron a cuatro policías como rehenes.

El fuego vistió después al edificio policial, la municipalidad, la unidad penitenciaria, la corresponsalía del diario «El Tribuno», propiedad del gobernador, y las instalaciones de un hotel local. El descontrol siguió con los comercios de la zona a los que saquearon y destruyeron; y los piquetes terminaron con algunas de las armas devueltas y acuerdos no muy contundentes.