Tras comprar prensa, van por los gremios

En su afán por permanecer en un poder adonde llegó como delegado del Congreso, Eduardo Duhalde se ha dispuesto a comprar a los distintos sectores que lo ayudarían a llegar al gobierno, pero por la vía electoral. Ya le otorgó al monopolio "Clarín" un salvataje bochornoso, por el cual la sociedad argentina se hará cargo de la deuda contraída por ese grupo empresarial para llevar adelante negocios de dudosa rentabilidad. Ahora se extiende un beneficio similar a los sindicalistas: el Banco Nación habilitó un fideicomiso para auxiliar a obras sociales con problemas financieros. Es decir, todas. También con esta decisión se socializan en el conjunto de la población los rojos de esas "cajas", provenientes sobre todo de los latrocinios sindicales. Ahora se entiende más claramente el pedido de Luis Barrionuevo de que se realice un plebiscito para resolver la continuidad de Duhalde. Una iniciativa de la que el propio Presidente huyó. Al parecer, espera que los sindicalistas le agradezcan de una manera menos riesgosa.

El gobierno avanzó en su propósito de sumar apoyos para eventuales escenarios electorales utilizando fondos públicos. Los beneficiarios de la última movida en este sentido son los sindicatos y sus mal administradas obras sociales. Ayer se oficializó, publicándolo en el Boletín Oficial, el Programa de Recuperación de Obras Sociales en Crisis, basado en el trasvasamiento de dinero público hacia estas cajas con el argumento de «facilitar su reconversión y optimizar su funcionamiento» en la prestación de servicios médicos asistenciales integrales «ante la grave crisis económica y financiera» que atraviesan.

Con esta maniobra financiera, que a los argentinos les costaría más de 400 millones de pesos, Duhalde impulsa dos ideas políticas. Por un lado, rinde tributo al apoyo que la mayoría de los sindicalistas agrupados en la CGT oficial le brindó durante sus primeros 12 meses de mandato. Pero, además, el presidente designado quiere que estos gremialistas continúen a su lado y sean actores protagónicos del operativo clamor con que se busca que el jefe de Estado sea candidato para las próximas elecciones (ver amplia información en páginas 11 y 12). Posición que ya hizo pública el gastronómico Luis Barrionuevo, a quien Duhalde apoyó en Catamarca contra Saadi.

Este programa, según detalla la resolución publicada ayer, «incluirá la gestión de un préstamo de asistencia a obras sociales en crisis, que será otorgado a todos los agentes del seguro de salud que presenten un plan ajustado a los criterios que se definan por la Superintendencia de Servicios de Salud».

•Fondo fiduciario

El préstamo de este auxilio será otorgado a través de «un fondo fiduciario» gestionado a través de instituciones bancarias y mediante el procedimiento aún por establecer en la reglamentación de esta resolución. Los montos de cada asistencia financiera «deberán tener como pautas de otorgamiento un análisis económico financiero, institucional y prestacional de la entidad, y su capacidad de repago».

Los antecedentes de la norma se remontan al Decreto 1.400 del 4 de noviembre de 2001 en el que se fijaron las pautas para la determinación de las situaciones de crisis de las obras sociales, y el posterior Decreto 486 del 12 de marzo de 2002, que dispuso el dictado de la emergencia sanitaria nacional.

En concreto, y en medio de un país donde la casi totalidad de las empresas locales (sean PyMEs o grandes compañías), está muy lejos de cualquier tipo de crédito por la falta de medidas para el sistema financiero, el gobierno de Eduardo Duhalde decidió girar dinero público hacia las obras sociales; la mayoría en concurso por los desmanejos de sus responsables. Claro que no se trata del único sector que el Presidente privilegia en este esquema: ya lo hizo -por cifras impresionantes-con la prensa endeudada fuertemente en el exterior a la que el 31 de diciembre le ofrendó el decreto de licuación de pasivos más fabuloso que hayan podido suponer a costa de los recursos públicos.

•Pasivos

Si bien no se publica el dinero concreto que podría llegar a girarse, se trata de varios cientos de millones de dólares; ya que ése es el dinero que se desprende al analizar los pasivos de las obras sociales en concurso. Los casos más complicados, por lejos, son los de la Obra Social del Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor de la República Argentina (OSMATA) y la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que en su momento presentaron pasivos por más de 82 y 73 millones de pesos, respectivamente. Otras obras sociales en problemas son la del personal aeronáutico, panaderías, Encotesa, estacionamiento y lavadores de autos, personal del Ministerio de Economía, Industria del Vestido, Supervisores de la Industria Metalmecánica, mutual del Poder Judicial de la Nación, la de los Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y la de los Actores. Las deudas de todas estas obras sociales, y de otras en situación similar de concurso preventivo, superan en conjunto los 200 millones de pesos.

Esta es la segunda vez que el gobierno cede ante las presiones de los sindicatos para ayudar a sus obras sociales. La anterior fue la decisión de girar 1% de aumento «no remunerativo» de 100 pesos (desde enero 130 pesos) a los trabajadores privados en relación de dependencia.