En un comunicado divulgado este lunes, el ministerio de Planificación informó que aplicará multas y hasta podría quitar licencias a las empresas telefónicas por "las denuncias sobre que se conocieron la semana pasada acerca de la existencia de relevamientos telefónicos que no tenían por fin conocer las opiniones de los ciudadanos, sino difundir información falsa sobre los candidatos y su familia".
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Por otra parte, se denunció que esas encuestas "brindaban información confusa sobre las fórmulas electorales".
Si bien las sanciones que se apliquen serán "en principio pecuniarias", el Ministerio de Planificación advierte que "no se descarta que puedan incluir también la suspensión o quita de la licencia de telecomunicaciones".
Según se explicó, "las compañías licenciatarias, como responsables de una red pública, tienen obligación legal de aportar la arquitectura de soluciones procedimentales y tecnológicas necesarias para evitar que las redes de comunicación sean utilizadas para lesionar los derechos individuales de las personas o de la sociedad".
La cartera de Planificación entiende que es obligación del Estado "velar para que los instrumentos de monitoreo y detección temprana sean incorporados a las plataformas de los licenciatarios de servicios públicos".
Por eso, además del sumario iniciado, "se intimará a las licenciatarias para que en un plazo perentorio presenten las propuestas de solución tecnológica idóneas para resolver la situación".
En este marco, dice el comunicado, se citará a los responsables de las empresas para que expongan los mecanismos de seguridad que están utilizando actualmente.
Días antes de la elección del domingo, el candidato del FpV Daniel Filmus había denunciado que una encuesta telefónica vinculaba a su padre con el escándalo Schoklender.
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