Legisladores de la UCR presentaron ayer ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, de Sergio Torres, una denuncia contra el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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La presentación la realizaron los legisladores Alejandro Nievas y Gerardo Morales (Jujuy), Margarita Stolbizer (Buenos Aires), Luis Molinari Romero (Córdoba), Mario Losada ( Misiones) y Ernesto Sanz ( Mendoza).
En la misma señalan que Jaime «no ha cumplido» con las funciones a que lo obliga su cargo, de auditar y controlar la operatoria de las líneas áreas, en el caso de las valijas conteniendo estupefacientes y decomisadas en el Aeropuerto de Barajas, España.
«Como es de público y notorio conocimiento la empresa SW, 'socia' de LAFSA, se vio involucrada en el tráfico de narcóticos a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a la Unión Europea», dijeron.
Y advirtieron que «el Estado Nacional conocía la modalidad delictiva que se llevaba a cabo a través de SW». «Sabía que la aerolíneaestaba bajo la lupa» y que las «áreas antidroga de las fuerzas de seguridad y de la SIDE avisaron que en SW se embarcaba droga».
Agregaron que en «el gobierno afirman que sabían que la DEA tenía en la mira a la empresa».
«A pesar de dicha circunstancia, los responsables de la cartera de Transporte, encargados de supervisar el funcionamiento de LAFSA, socia de SW, continuaban otorgando, sin dilaciones, el millonario subsidio comprometido», dijeron los legisladores.
«Peor aún -agregaron-, de acuerdo con trascendidos periodísticos,-Walter Beltrame, de la empresa Southern Winds, detenido y acusado por tráfico agravado de estupefacientes, dijo en su indagatoria del viernes que si no se hacía lo que decía Ricardo Jaime, secretario de Transporte de la Nación, la empresa perdía los subsidios.»
«Beltrame explicó al juez que había orden en toda la empresa de cumplir con lo que decía (Jaime)» plantearon los legisladores interpretando que «ese hecho se traduciría en coacción y hasta extorsión por parte del funcionario actuante.»
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