Un fiscal pidió ayer que se desestime una denuncia presentada contra la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien había sido denunciada por disponer sin autorización judicial el traslado de un grupo de represores a Campo de Mayo.
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El pedido fue presentado por el fiscal federal Federico Delgado ante el juez federal Ariel Lijo al considerar que había «inexistencia de delito», por lo que la ministra debía ser sobreseída.
La denuncia había sido presentada semana atrás por el abogado Juan Aberg Cobo, quien defiende a un grupo de marinos -entre ellos Alfredo Astiz- en la causa en la que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Traslado
El letrado denunció a la ministra y al jefe del Estado Mayor de la Armada, Jorge Omar Godoy, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber dispuesto el traslado de varios ex jefes navales al Instituto Penal de Campo de Mayo para que cumplan allí sus prisiones preventivas.
Pero al analizar el planteo, el fiscal Delgado consideró que «del suceso puesto en conocimiento no se desprende la comisión de conductas compatibles con el abuso de funciones por parte de funcionario público alguno».
Además, el fiscal sostuvo que el traslado de los detenidos sí contó con la autorización del juez federal Sergio Torres, quien los tiene detenidos a su disposición.
Según el fiscal, Torres dijo que «no existían impedimentos para llevar adelante» el traslado, puesto que la nueva unidad de detención permitiría «garantizar tanto el sometimiento de los imputados a la acción de la Justicia» como la « protección de los detenidos».
Asimismo se tuvo en consideración que el lugar de detención está cerca de un « centro de salud con capacidad para prestar la adecuada atención médica y su ubicación geográfica no resultaría restrictiva para el mantenimiento de los vínculos con los familiares» de los detenidos.
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