Una reforma incomprensible

Al enterarse ayer por tapa de Ambito Financiero los sectores interesados no encontraban explicación a que el 18 de febrero el gobierno intente hacer sancionar en el Senado una reforma laboral que parecía descartada de las sesiones extraordinarias del Congreso. La reforma -otro retroceso para el país- se sancionaría dentro del juego perverso clásico de los sindicalistas: unos juegan de «buenos» y apoyan el contenido del proyecto (papel de los «gordos», o sea, la vieja burocracia de la CGT), y otros, para dar idea de que hay «debate y feroz puja», juegan de «malos» (en este caso, Hugo Moyano y la CTA que para engañar a la opinión pública dicen que la reforma «es insuficiente»). Luego siguen todos amigos porque se reparten el beneficio y creen engañar a la gente y empresas con que «se aprobó algo resistido por parte del sindicalismo». Aparte monopolizan ellos la discusión en temas baladís y no en las verdaderas perversidades que tiene el proyecto.

En las épocas de gobiernos militares, los sindicalistas de entonces -igualmente burócratas y rapiñeros- asustaban a los uniformados con que «o nosotros o vienen los sindicatos zurdos». Así les sacaban ventajas y se enriquecieron.

A este gobierno de Kirchner no lo van a asustar precisamente con «los zurdos», obvio.

¿Qué puede ganar el santacruceño resucitando y enriqueciendo a unos «gordos» que estaban moribundos y hasta habían perdido la calle en manos de los piqueteros que los desprecian? Más aún, estaban con la cola entre las piernas y en cuarentena porque se opusieron a la candidatura de Kirchner, tras haber estado primero con Carlos Menem y luego propuesto al inefable Roberto Lavagna dentro de su hedonismo tradicional donde no hay principios en juego, sino meramente ingresos en sus bolsillos.

Si la finalidad de Kirchner es parte de una táctica de desplazar de las calles a los piquetes duros y agresivos para suplantarlos por los clásicos activistas pagos de los gremios, dejando robar a sus jefes para que colaboren, puede tener justificación un proyecto así tan nefasto. Piqueteros son hoy, con la seguridad, el principal problema político interno del país.

Quizá se busque bajar trabajadores en negro rebajando el aporte patronal a empresas con menos de 80 empleados. Sería también un fin útil, pero un decreto bastaba sin necesidad de introducir esa bondad en una ley retrógrada por todo lo que agrega.

Otros fines útiles al país no se le ven porque esta reforma llegaba con mínimos reclamos de sanción y surgidos casi casualmente a partir de la denuncia de coimas del «valijero» arrepentido Pontaquarto, sobornado con 18.000 dólares para «confesar» pagados por la nueva revista «TXT», para quien esa suma era una fortuna. El que haya avanzado la reforma -sin pronunciamiento judicial, sólo con indicios bastante débiles- invocando esas presuntas coimas refuerza la tesis de quienes sostienen que el «valijero» es una maniobra del gobierno.

¿Podría servir esta reforma para el proyecto hegemónico enmarcado en la transversalidad del santacruceño, suman do sindicalistas venales y ése sería el real motivo de su imprevisto apuro en sancionarla? Que indague Elisa Carrió.

Porque sumar burocracias sindicales para frenar piqueteros en las calles tampoco es muy creíble desde el mismo momento en que sancionar este proyecto significará aumentar los costos empresarios (un trabajador de 5 meses tendría 3 de indemnización en despido). Así se fomentará el desempleo que alimenta el caudal de los piqueteros, en su inmensa mayoría desocupados. Que a los sindicalistas les preocupe sólo los que trabajan -que son los que pagan cuotay para nada los desocupados, si aumentan o no, no puede ser política coincidente del gobierno. Qué se gana entonces con esta sanción si perjudica socialmente, agranda la desocupación y, además, complica a la producción porque al aumentar los costos para las grandes empresas se hace más notoria la necesidad de aumentos de tarifas y precios, con lo cual se incentivaría la inflación y consiguientemente la caída del salario real. Las empresas hoy están sometidas a «precios máximos», como se vio en el caso de las prepagas, a congelamiento de despidos o la enorme multa de duplicar las indemnizaciones, como en las peores épocas de gobiernos dirigistas que siempre llevaron a una inflación reprimida. Con un aumento salarial previsto para este año de 10 por ciento, por decretazos del gobierno, frente a una inflación con controles limitándola a 6 por ciento u 8 por ciento, ese salario real hasta ahora, sin los efectos que tendrá ineluctablemente la «reforma laboral», sólo crecería de 2 por ciento a 4 por ciento de aquí a fin de año. Prácticamente nada para incrementar la demanda, más allá de alimentos.

Aparte de todo, si el aumento de costo a empresas empuja la inflación más perjudica a 3 millones de trabajadores en negro que nunca recibieron ni los $ 50 que dispuso el gobierno desde el 1 de enero de este año ni ninguno de los aumentos oficiales de los dos últimos años, por similares decretazos, contra una inflación superior a 45 por ciento en ese período.

Tampoco puede entenderse que se perjudique con esta reforma a empresas y luego vaya a combatirse con severidad el trabajo en negro porque acaba de conocerse el dato de que en el año 2003 hubo 70 por cietnto más de empresas quebradas que en el terrible año previo, 2002, cuando impactó la devaluación, default, «corralito» y «corralón».

Todos estos son males serios introducidos casi gratuitamente ahora en represalia por aquella ley Flamarique que era un híbrido sin consecuencias (el fin de la «ultraactividad» no se aplicó prácticamente, y la opción entre convenio general y convenio particular cuando llegó a la Justicia Laboral -por arrepentimiento del sindicato que lo rubricó- se resolvió a favor del gremio, que siempre es demagógicamente antiempresa). Nada aportó -nadie sabe tampoco por qué se debió «coimear» el aprobar algo tan inocuo-y ahora sirve de excusa para agregar otras barbaridades al ya de por sí anticrecimiento sistema laboral argentino. Barbaridades como buscar enemistar a directivos de empresas con accionistas, dueños o casas matrices (una venenosa cizaña eliminándoles a esos directivos en despidos el tope máximo indemnizatorio, cuando lo tengan, y asegurando el mínimo para que se plieguen a los sindicatos y dejar acéfalas de mandos sólidos a las compañías). El «balance social» lo bajan de empresas con 400 empleados a 200 para complicarlas; les introducen también el «derecho de la información» para meterles el sindicato en la contabilidad; bajan el período de prueba de un año a 3 meses sin prórroga (casi el único beneficio de mejora de la producción y reducción del desempleo de la híbrida ley Flamarique 25.250, etcétera.) En su edición de ayer miércoles, Ambito Financiero publicó con exclusividad el análisis de todas las reformas que propone este aberrante proyecto de reforma para las empresas).

Si Kirchner complica al país con este proyecto, si aparentemente no gana nada salvo eventual intento de frenar piqueteros, pero aumentándolos por incitar a mayor desempleo, si le era fácil a un gobierno autoritario que habitual-mente mete miedo, descartar presión de sectores sindicales decadentes, hay quienes quieren ver algún otro beneficio político: sería comenzar a desgastar al nuevo Congreso con quienes asumieron el 9 de diciembre. Hay ahora políticos de fuerte gravitación como Rubén Marín, ex gobernador de La Pampa, Carlos Reutemann,Adolfo Rodríguez Saá y otros. Hay quienes creen que el propósito sería enemistarlos con sindicalistas si se oponen a esta reforma, aunque con racionalidad se esperaría de cualquier legislador porque aprobar es ayudar a retroceder al país, una forma de traicionarlo en definitiva.