Uruguay pidió hoy al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que "interponga su buenos oficios" para solucionar el problema de los bloqueos de las comunicaciones terrestres entre Argentina y Uruguay a causa de dos plantas de celulosa en construcción en este último país.
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Así lo aseguró hoy la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, tras entrevistarse con Insulza, a quien le entregó una carta del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en la que solicitó la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Insulza dijo que iba a interponer los buenos oficios en la mejor manera posible para que esta situación tan impensable entre dos países hermanos pueda terminar lo antes posible", anunció.
Sin embargo, poco después de la reunión, la OEA hizo público un comunicado en el que precisó que la solicitud de una mediación "no ha sido formulada ante la Secretaría General, a la cual ambos estados sólo han informado detalladamente acerca del contencioso producido".
El comunicado indica que "ningún organismo o autoridad de la OEA interviene en asuntos de carácter bilateral a menos que ello le sea solicitado por ambos estados miembros".
Igualmente, la OEA agrega que "desde luego, el secretario general estará siempre disponible para realizar cualquier gestión oficiosa que pueda acercar posiciones entre naciones hermanas de la comunidad" continental.
Argentina y Uruguay están enzarzados en una agria disputa desde hace más de seis meses, debido a la construcción de dos plantas de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, en la ribera uruguaya del río Uruguay, en las que vecinos y ecologistas de la otra orilla ven un potencial riesgo para el medio ambiente.
La empresa española Ence y la finlandesa Botnia son las dos compañías que construyen las plantas, con una inversión que en conjunto asciende a unos 1.860 millones de dólares.
Herrera explicó en rueda de prensa que dos de los tres puentes sobre el río Uruguay que unen Uruguay y Argentina permanecen cerrados a causa de cortes de carreteras en este último país por parte del movimiento antipapeleras.
"Uno hace más de 15 días y otro cerca de un mes", precisó.
Los cortes suponen, según Herrera, "una violación" de los tratados de derecho internacional que establecen la libre circulación de personas.
La vicecanciller se quejó de que el Gobierno argentino "no ha tomado ninguna medida" contra los grupos que mantienen cerrado el paso por los puentes y calificó de "irracional" el temor de los manifestantes al posible impacto medioambiental de las papeleras.
Lamentó también el impacto económico de una medida que, dijo, ha impedido la llegada de entre 60.000 y 70.000 turistas argentinos a las playas uruguayas, en plena temporada estival.
Recordó que "los principales interesados en que la instalación de las plantas sea lo más segura posible" son los propios uruguayos.
El Gobierno argentino ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Internacional de la Haya por este caso, iniciativa que cuenta con el respaldo del Poder Legislativo, mientras que el de Uruguay se ha planteado la posibilidad de demandar a Argentina ante la OEA por los cortes de puentes.
El Banco Mundial emitió un informe en diciembre en el que se aseguraba que las previsibles emisiones de óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre de las dos plantas cumplirán con las normas del organismo.
Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Banco Mundial, anunció el jueves que ha aplazado la divulgación del análisis de un experto independiente sobre el impacto de las plantas.
El análisis iba a conocerse hoy, pero "debido al número y a la calidad de los comentarios sustanciales recibidos durante el proceso de consulta, el experto necesitará más tiempo para revisar el material con el fin de ofrecer un análisis detallado y preciso", dijo la CFI en un comunicado. La Corporación no ofreció detalles sobre el nuevo plazo.
El Banco Mundial podría financiar hasta 400 millones de dólares del coste de las plantas si concluye que cumplen con todos los requisitos exigidos por la institución.
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