Uruguay dejó trascender ayer que podría ampliar en los próximos días las acusaciones contra la Argentina ante el Tribunal Internacional de La Haya, asegurando que desde el país oficialmente se están avalando los cortes de los puentes que unen los dos países. Las pruebas del país vecino serían declaraciones públicas del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien habría asegurado que desde esa provincia se envía dinero para sostener a los manifestantes de Gualeguaychú.
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Con esta posición, Tabaré Vázquez buscaría equiparar las presentaciones que se harán ante La Haya desde Buenos Aires en contra de Uruguay en las próximas semanas a partir de los bloqueos dispuestos el fin de semana por fuerzas de seguridad del Estado vecino.
Tal como adelantó este diario, en la Cancillería argentina se analiza terminar de diseñar un nuevo envío de elementos ante La Haya, afirmando que la decisión de Tabaré Vázquez de cerrar las fronteras impidiendo que haya circulación de bienes y personas sería una actitud que empeoraría la situación entre los dos países. Hay que recordar que el Tribunal pidió en junio del año pasado que ambos gobiernos «se abstengan de tomar decisiones que empeoren la situación».
El argumento argentino asegura que la actitud del presidente uruguayo viola este reclamo de la Corte, al ser el propio gobierno el que cerró las fronteras, posición que lo diferencia de la Argentina, donde en teoría son movilizaciones espontáneas y sin apoyo oficial las que impedían el paso al otro país. La intención de Uruguay de vincular a Busti con la financiación de los manifestantes entrerrianos apuntaría a equiparar la presentación argentina.
Ayer fue Reynaldo Gargano, el canciller de Tabaré Vázquez, el que confirmó el intento uruguayo al asegurar que «varios uruguayos han sido afectados por la problemática que ha creado la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que recibe un pago mensual de parte del gobierno de la ciudad para poder enviar cuatro o cinco personas a los pasos de frontera y cerrarlos».
Las declaraciones del jefe de la diplomacia uruguaya aludían puntualmente al cierre del puente internacional General San Martín que une la argentina Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos (300 km al noroeste de Montevideo), que lleva un año ininterrumpido y se ha extendido ocasionalmente a los otros dos pasos fronterizos.
Sobre el cierre de la frontera desde Uruguay, Gargano se defendió afirmando que «es nuestra responsabilidad adoptar las medidas concretas que aseguren que no haya ningún inconveniente para nadie y que la planta siga funcionando, demostrando que no contamina». El ministro descartó que medidas de esta naturaleza conspiren contra el elevado flujo de turistas argentinos que llegan anualmente a Uruguay durante la temporada estival. «Informes del sector privado dan cuenta de que 75% de las reservas hoteleras para el próximo verano pertenecen a ciudadanos argentinos.»
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