Uruguay se opone a modificar tecnología de las papeleras

Jorge Busti y Jorge Taiana

Los gestos de distensión de Néstor Kirchner, orientados a acercar posiciones con Montevideo en la crisis por las papeleras, chocaron ayer con la negativa del gobierno de Uruguay a discutir cambios en la tecnología que usarán las plantas de celulosa.

La alternativa de que las compañías ENCE y Botnia, a instancias de la administración uruguaya, readapten sus modelos de producción para aplicar «tecnología limpia» surgió en las últimas horas como una instancia de conciliación entre Buenos Aires y Montevideo.

Era, en esencia, la contraoferta de la Cancillería argentina: que las plantas adopten sistemas de «producción limpia» que, a pesar de ser más costosos, reducirían de manera notable el efecto contaminante sobre el río Uruguay y la zona cercana a las papeleras.

Ayer, el viceministro de Medio Ambiente uruguayo, Jaime Igorra, consideró una «tontería mayúscula» la propuesta para adaptar las técnicas de blanqueo que utilizarán las plantas de Botnia y ENCE. Lo dijo en referencia a Greenpeace, pero se extiende al gobierno argentino.

«Greenpeace le está reclamando a Uruguay lo que no le reclama a la Argentina ni a Brasil», apuntó Igorra y, para reforzar su negativa a aceptar la propuesta argentina, dijo que el planteo para reformar las tecnologías industriales debe interpretarse como una «imposición económica».

• Demandas

Igorra acusó recibo de un asunto que el Palacio San Martín comenzó a analizar: las millonarias demandas que podrían plantear en la Justicia internacional los gobiernos de la Argentina y Entre Ríos contra las empresas y el Estado uruguayo.

Como ayer informó este diario, la Cancillería argentina estima que los perjuicios económicos generados por el funcionamiento de las papeleras ascenderían a 900 millones de dólares en un lapso de 10 años.

El gobernador entrerriano, Jorge Busti, se plegó a este planteo al asegurar que las empresas deberían adoptar «tecnología limpia» o, de lo contrario, tendrán que asumir luego costos mayores por los juicios por daño ambiental.

«Ya se están preparando demandas preventivas», amplió.

En esa línea, señaló que readaptar los procesos de producción les implicaría a las empresas incrementar sus costos de instalación cerca de 20%. Es decir: sobre una inversión prevista de 1.800 millones de dólares, el costo se elevaría en 360 millones.

«Habrá que ver cómo se financia, pero si 20% (de sobrecosto) evita que 700 mil seres humanos estén contaminados y una pérdida de 900 millones de dólares en nuestra producción, me parece que hay que intentarlo», explicó ayer el gobernador entrerriano.

• Modelo alternativo

El pedido de Busti, coincidente con el planteo de Greenpeace, adoptado y potenciado por la Cancillería, es que se apliquen tecnologías libres de cloro para reducir el impacto contaminante. El modelo a base de ozono, considerado «limpio», es el propuesto por la Argentina.

De todos modos, Busti -que en las próximas horas sería recibido por Kirchner y por el canciller, Jorge Taianaexplicó ayer que para que se pueda avanzar en esa dirección debe existir «voluntad política de Uruguay» y decisión estratégica por parte de las empresas.

Ambos factores fueron desmoronados por Igorra, viceministro de Medio Ambiente uruguayo, que descartó la posibilidad de reformular el proceso de producción que usarán las empresas, considerado «intrínsecamente contaminante» y de efectos «cancerígenos».

El capítulo referido a la tecnología que usarán las papeleras fue motivo de pulseadas entre las comitivas de los dos países que integran el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) que se reunió la semana pasada en Buenos Aires y lo volverá a hacer, el lunes, en Montevideo.

Una queja recurrente de los técnicos argentinos, coordinados por el encargado de Relaciones Ambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, es la negativa de Uruguay a aportar información precisa sobre las plantas y los sistemas de producción y tratamiento de residuos.

Sobre ese punto volverán a discutir el lunes 30, día en que deberían emitir un informe compartido sobre la radicación de las papeleras.