Víctimas de lo obvio, los gobiernos tropiezan con la misma piedra y se complican según un libreto conocido. Si la política no acude a resolver los problemas graves, estalla la violencia y recién después se improvisan las soluciones que debían venir antes. Ocurrió la madrugada de ayer, cuando turistas y ambientalistas protagonizaron incidentes en el corte del puente entre Colón y Paysandú. Todo conflicto ambientalista termina en violencia si nadie hace nada. Casi a la misma hora, en Pinamar -paralizada por un caso de coimas a boliches- un centenar de jóvenes se cruzó a golpes al salir de una disco. Terminó con heridos, detenidos y cuatro patrulleros incendiados.
Asambleístas de Colón liberaron ayer, en forma anticipada, el acceso al puente General Artigas
que une con la ciudad uruguaya de Paysandú. Tras el incidente con un automovilista que
cruzó por la fuerza el sábado por la noche, los ambientalistas confirmaron que seguirán con
los cortes programados de lunes a viernes de 20 a 22 y sábados desde las 19 y por 24 horas.
Volvieron las escenas de violencia este fin de semana a uno de los puentes a Uruguay que los asambleístas entrerrianos bloquean para oponerse a la pastera Botnia. El tenso episodio registrado en Colón -protagonizado por un automovilista que agredió a los ambientalistas y atravesó el piquete- incomoda riesgosamente al gobierno de Cristina de Kirchner, que ventila su desacuerdo con los cortes pero no hace nada por liberar las rutas.
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Cerca de las 22 del pasado sábado, un automovilista de mediana edad que se dirigía al vecino país con su familia agredió a un grupo de manifestantes de la Asamblea Ambiental local que impedía el paso por la vía que conecta a esa ciudad con Paysandú .
Al toparse con el piquete, el enfurecido conductor descendió del vehículo y exigió que le abrieran el paso. Pero ante la negativa de los asambleístas, forcejeó con los vecinos, logró apartar los tachos y hierros ubicados en medio de la autovía y atravesó la ruta.
Otrosa hechos
«El hombre estaba muy alterado y quería pasar sí o sí; se juntaron otros autos que aprovecharon y lograron pasar el corte», confirmó la asambleísta Silvia «Poli» Echeverría, además de admitir que estos incidentes suelen repetirse. «Ocurrieron hechos peores que éste, pero nadie se enteró», advirtió.
La postal viene a alterar la política de virtual piloto automático impuesta por la Casa Rosada para enfrentar el conflicto con el vecino país, y que más allá de movidas aisladas se centra fundamentalmente en la embestida judicial ante la Corte Internacional de La Haya.
En su concepción de que muchos de los problemas que florecen en el país son cambios climáticos creados e instaladoscon los medios, tiende el gobierno nacional a esperar simplemente que rote el viento.
Pero este delicado equilibrio se quiebra cuando estallan incidentes, que es el capítulo que parece inevitablemente seguir en este conflicto, y que en definitiva será lo que fuerce a ambos gobiernos a volver a sentarse frente a frente en la hoy quebrada mesa de negociaciones.
Bajo este escenario, y ante la pasividad oficial mostrada hasta el momento, no faltará incluso el provocador que busque agitar las aguas para desamodorrar a las autoridades kirchneristas.
En la reunión que mantuvo el pasado jueves en la Casa Rosada con un pequeño ramillete de ambientalistas, la Presidente no pidió que levanten los cortes, aunque les dejó en claro que no considera que sea la estrategia «más conveniente».
El encuentro dejó un sabor amargo entre los asambleístas, a quienes la ex primera dama les negó una serie de concesiones, entre ellas la aplicación del Código Aduanero para entorpecer el acceso de la pastera a las materias primas. Anoche, la asamblea de Gualeguaychú evaluaba formalmente el resultado de la minicumbre.
Pese al reto público, la sucesora de Néstor Kirchner vuelve a esquivar la toma de alguna medida coercitiva, para no cargar sobre sus espaldas el costo político y social de barrer a los manifestantes.
Posición presidencial
Horas después de la reunión, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, evitó pronunciarse sobre las diferencias surgidas entre Cristina de Kirchner y los asambleístas, aunque advirtió que la postura de la Presidenta será «defender los intereses de los argentinos y ajustarse a la ley» y aseguró que en el gobierno están «convencidos» de que el tribunal internacional de La Haya «reconocerá» la demanda que la Argentina entabló contra Uruguay.
Mientras tanto, avanzan los ambientalistas en delinear estrategias para hacer frente a Botnia. En ese marco, no descartan desembarcar en Europa para llevar la lucha ante tribunales europeos relacionados con los derechos humanos.
En paralelo, y tal como lo anticipó este diario a principios de febrero, otro elemento tensa la relación entre los gobiernos argentino y uruguayo, a partir de la intención de la empresa minera Río Tinto de construir un puerto sobre la margen oriental del río Uruguay, a la altura del departamento de Soriano.
Precisiones
Por este episodio, ya la Cancillería argentina pidió precisiones para asegurar que el gobierno de Tabaré Vázquez respete los mecanismos de consulta previos previstos en el manoseado estatuto que rige a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Según el titular de la delegación argentina ante la CARU, Hernán Orduna, «el artículo 9 del estatuto del río es claro y dice que la parte que toma la iniciativa tiene que dar información y realizar la consulta previa a cualquier proyecto».
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