El peronismo del Senado ya comenzó a discutir cómo será el día después de la de derogación de «subversión económica». Ese día podría comenzar una purga en el bloque conducido por José Luis Gioja, tal cual reclama la ultra-duhaldista Mabel Müller. La alter ego de Hilda Chiche Duhalde tiene la posición doméstica más extrema: quiere la expulsión masiva de los integrantes del octeto de peronistas disidentes que se opusieron a la anulación de la polémica ley.
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La mayoría de la bancada PJ debate la posibilidad de sacar un par de tarjetas rojas, a modo de castigo ejemplificador. Aunque una decisión semejante podría colocar en el papel de víctimas a los echados. Los santacruceños Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández figuran al tope de la lista negra porque promueven la caída de Eduardo Duhalde y reclaman el adelantamiento de elecciones, a instancias de Néstor Kirchner.
Con menos grado de resquemor, completan este grupo de los 8 el riojano Jorge Yoma; los entrerrianos Jorge Busti y Graciela Bär; los sanluiseños Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa; y el chubutense Marcelo Guinle. Negre y Ochoa, si bien comulgan con Adolfo Rodríguez Saá -otro adversario declarado del presidente designado- suelen actuar con responsabilidad en el ámbito parlamentario: de hecho la representante de San Luis en la Cámara alta sacó dictamen de la nueva Ley de Quiebras en trámite sumario y le dio una extraordinaria mano al gobierno. Ayer, Busti habló con miembros de la conducción de la bancada acerca de la eventualidad de que se produjeran eyecciones forzadas. «El peronismo nunca fue un partido stalinista; me parece que, al contrario, tendríamos que integrarnos todos -los de Kirchner, Rodríguez Saá, Carlos Menem, De la Sota, Reutemann, Duhalde- en el Congreso y en el partido, y ahí acordar internas abiertas», propuso el ex gobernador de Entre Ríos. Busti advirtió, después de que le insinuaran la variante de ajusticiar a Cristina de Kirchner o a Negre, que «me voy si echan a alguien». «Pero vos sos distinto», le advirtieron, en alusión a su antigua relación con el presidente designado. Yoma, Busti y compañía montaron una tribuna para repetir que la derogación equivalía a una virtual amnistía de banqueros procesados. Con esta actitud, habilitaron que el radicalismo asumiera una actitud de escasa colaboración con el oficialismo, a pesar de que Raúl Alfonsín siendo presidente de la Nación pidió al Congreso la derogación de «subversión económica» y que los diputados de la UCR censuraron en 1974 la sanción de aquella figura diseñada para perseguir la rama financiera de organizaciones terroristas. Si en el mismo PJ retaceaban apoyo, no podía esperarse que los radicales prestaran auxilio.
De hecho, el mismo Yoma entorpeció cualquier arreglo en la votación del 9 de mayo al denunciar que un par de colegas de la UCR se levantarían para permitir la modificación de «subversión económica» que había consensuado el Ejecutivo con las cúpulas de los bloques.
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