Votan ley que elimina el debate del Presupuesto en el Congreso

El kirchnerismo deberá reunir hoy los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión de votación de los «superpoderes ». No tendrán más ayuda que la del Peronismo Federal, tres juecistas y los radicales Genaro Collantes y Ricardo Colombi.

El gobierno podría contar desde hoy con la ley que le permitirá modificar, casi integralmente, el Presupuesto Nacional sin requerir del Congreso más que la sanción cada año del monto total del gasto y la autorización de deuda a emitir. Lo conseguirá después de votarse en Diputados la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Organos de Control del Estado, por la cual el jefe de Gabinete podrá en forma permanente reasignar partidas, modificar el destino del gasto y hasta cambiar la finalidad -es decir, ejecutar fondos destinados a capital o inversión como gasto corriente-, todo sin sujetarse tampoco al artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una norma que se transformó en un gran chiste nacional al tener más excepciones desde su creación que aplicaciones para el fin que fue creada.

Se perderá así, por varias razones, uno de los clásicos de cada año en el Congreso como es el debate del Presupuesto Nacional. En primer lugar se había transformado en un importante acertijo el saber cada año qué tipo de facultades especiales pediría el gobierno de turno para ejecutar el Presupuesto, ya que ningún presidente se privó en algún momento de exigir lo que la prensa llama « superpoderes». En la historia reciente se le agregó el interrogante de saber cómo haría el Ejecutivo para disponer los excedentes de recaudación que tan bien sabe formar al subestimar proyecciones. Pero lo cierto es que hasta ahora todas ésas eran facultades extraordinarias que se pedían por un año y siempre existía la obligación de volver a discutirlas al siguiente. Eran, en un ejercicio de defensa de la ya agónica independencia de poderes, la única sal que quedaba en el debate parlamentario.

Ingenio agudizado

Inclusive, esos tironeos hastallevaron a agudizar el ingenio oficial, como cuando en el proyecto de Presupuesto 2006, enviado al Congreso en medio de la campaña electoral, el gobierno se autolimitó en los «superpoderes» no pidiendo que se le otorgara la facultad de modificar partidas sin sujetarse al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Claro, un año antes había modificado otra norma básica de la ejecución de gastos, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, con lo que había conseguido tener libertad total aun para modificar cuentas clave como la Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro, verdadera caja de unos $ 9.000 millones con la que se financian estratégicas asistencias a todo el país.

Fue tanta la delegación de facultades que hizo el Congreso en los últimos años a favor del Poder Ejecutivo -con velocidad incrementada en los últimos años- que puede afirmarseque la votación de los « superpoderes» supone de alguna forma la desaparición no sólo del rol más importante del Parlamento, sino de los debates claves de cada año. La recomendación sería no seguir más la discusión de los proyectos de Presupuesto, ya que ahora todo podrá ser modificado por una resolución de un funcionario. Ni siquiera hará falta un DNU presidencial.

Broma

Todo eso se concretará desde hoy si el oficialismo consigue quórum, y si no será desde la semana próxima, para aprobar esta reforma a la Ley de Administración Financiera que Cristina de Kirchner minimizó al decir que se trataba sólo de un cambio en un artículo de una ley que tiene 137. Pareció una broma en el recinto del Senado.

No fue menor la explicación que dio el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cuando también en el Senado dictaminó que este cambio es sólo adecuar la Ley de Administración Financiera -votada en 1992- a la Constitución de 1994, dándole mayores facultades para administrar a su cargo creado en ese año. Casi como una reglamentación de poderes que estaban pendientes, fue la otra subestimación de esta reforma que hizo el funcionario. Como corresponde al sistema de obediencia debida, ayer José María Díaz Bancalari (que sigue pensando que algún día podrá salir de ese purgatorio posduhaldista al que lo condenó por ahora Kirchner) adhirió a esas explicaciones y sin ninguna vergüenza calificó a la reforma del artículo 37 como «una reglamentación que mejora la situación actual», como si estuviera pendiente reglamentar algo en cuanto a las potestades del Congreso a la hora de fijar el nivel de gasto y el destino que éste debe tener.

De todas formas, y a pesar del esfuerzo que seguía haciendo anoche el kirchnerismo para garantizarse hoy el quórum (ver página 10), hay otro aspecto que desmerece la votación de hoy en Diputados. Con la actual relación de fuerzas en el Senado y Diputados, el sistema argentino se ha convertido virtualmente en unicameral. No importaría para nada que hoy el oficialismo perdiera la votación de esta ley -es sólo un ejemplo, ya que eso no sucederá porque el gobierno tiene también mayoría más que suficiente-, ya que el proyecto volvería al Senado y allí el kirchnerismo cuenta con una abrumadora mayoría para insistir con la sanción anterior utilizando los dos tercios de los votos o más aun para conseguirlo.

Esta situación no cambiará, de acuerdo con la actual representación del peronismo en el Senado, por muchos años, inclusive hasta después de la salida de los Kirchner del gobierno. Por lo tanto, bastará siempre con elegir la Cámara alta como iniciadora para garantizarse la aprobación, si el tema amerita algún riesgo de turbulencia en Diputados, donde la mayoría absoluta del kirchnerismo sólo puede verse perturbada con algún problema para conseguir quórum. Así, la actividad en el Parlamento no es que se haya visto solamente degradada, sino que esencialmente se ha vuelto aburrida.