Vuelve techo salarial de $ 3.000, pero para funcionarios políticos

El gobierno anunció ayer que se repondrá el tope salarial de $ 3.000 para los funcionarios públicos, 48 horas después de que Eduardo Duhalde firmase un decreto derogando esa limitación. En la nueva norma que fue anunciada ayer en la reunión del gabinete en la residencia de Olivos el techo regirá para los funcionarios de extracción política pero no para los empleados de carrera del Estado y a quienes cumplan tareas en el exterior.

La noticia cayó como un balde de agua fría ayer entre los funcionarios políticos ya que el martes había circulado una lista de nuevos sueldos por las oficinas del Estado que consignaba una nueva grilla con estos valores basados en el Decreto 157/2002 firmado por Duhalde en la noche del lunes: ministro del poder Ejecutivo, $ 7.600; secretario de Estado, $ 6.900 y subsecretario, $ 6.300. Con el retorno del techo esas funciones serán pagadas con el máximo de $ 3.000.

Es esperable que se produzcan desajustes dentro de la burocracia del Estado no sólo por la inoportuna aplicación de salarios poco competitivos para pagar servicios de buenos funcionarios. También que se prolonguen triquiñuelas que vienen del gobierno anterior, cuando las demoras en la aprobación de las nuevas estructuras de los ministerios hiciera que muchos funcionarios políticos terminasen cobrando sus servicios como honorarios profesionales facturados como consultores privados y no con sueldos de la grilla.

Ese ardid era ventajoso para los funcionarios -todos de la categoría de subsecretarios hacia abajo-porque no tenían los topes que había establecido el gobierno aliancista como el techo del sueldo del jefe de Gabinete ($ 5.000 convertibles a dólares 1 a 1). Tampoco sufrían descuentos porque se facturaba como autónomos y monotributistas. Si se prolonga, esas corruptelas ahora para amparar la necesidad lógica de pagar servicios con salarios más competitivos habrá abundancia de pago de honorarios para pagar funcionarios políticos.

El anuncio del nuevo decreto la hizo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al comentar el contenido del decreto del lunes pasado que eliminaba el techo que había ordenado el ex jefe de Estado Adolfo Rodríguez Saá. Esa decisión de diciembre pasado establecía un tope salarial para el Estado de $ 3.000 y encadenaba los salarios también de los empleados de carrera.

«Duhalde ha ratificado que ningún funcionario político tiene que tener una remuneración superior a los tres mil pesos. El problema central surge en algunas áreas como el caso de los que cumplen funciones en el exterior», explicó Capitanich durante la conferencia de prensa que ofreció al término de la reunión de gabinete, en la Casa de Gobierno.

Al respecto, Capitanich se-ñaló que está coordinando con las distintas áreas la profundización de la «reducción de los gastos burocráticos y la eliminación de contratos innecesarios para garantizar la transparencia en el funcionamiento del Estado y evitar el factor de irritación popular».

Sobre la reducción de los gastos en la política, Capita-nich comentó que «la Cancillería estudia reestructurar el servicio exterior argentino».

Eduardo Amadeo, en tanto, explicó que el tope salarial no regirá para los «funcionarios de carrera», esto es, el personal nombrado por antecedentes y que cumple funciones técnicas, que continúan a pesar de los cambios en la administración nacional.

El vocero dijo que el tope salarial a empleados políticos obliga a «desarmar una maraña de sueldos encadenados» que tienen como referencia el ingreso del jefe de Estado.

• Encadenados

« En el Estado, los sueldos están encadenados. Si el Presidente gana $ 10.000, de ahí para abajo se calculan todos los sueldos. Entonces desarmar eso es una maraña que hay que calcularlo muy bien», indicó en declaraciones radiales.

Agregó que la intención del gobierno es producir un «gesto de ejemplaridad hacia la gente» y que si bien «los funcionarios del gabinete van a cobrar un tope de $ 3.000, el teniente coronel que está metido en Zapala no debe terminar cobrando $ 300».

« La carrera del sector público tiene personas absolutamente clave, y el Estado tiene que funcionar: el gerente del Banco Central que maneja todo el comercio exterior argentino, el señor que maneja todas las políticas de exportaciones e importaciones...», ejemplificó.

Destacó que en caso de que se afectaran los niveles de remuneraciones de ese sector, el Estado debería soportar «miles de juicios de quienes tienen derechos adquiridos por su antigüedad, por su capacitación y por su responsabilidad».

« El problema central respecto de la aplicación de una nueva escala salarial en el sector público está vinculado a casos especiales, como los embajadores y funcionarios en otros países del mundo, que con el proceso de devaluación tienen una desvalorización de sus salarios en moneda extranjera, y esto les impide realizar sus funciones con decoro», indicó también el jefe de Gabinete.