Vuelven cortes el fin de semana por papeleras

La asamblea ambientalista de Gualeguaychú decidió anoche volver a cortar durante todo el fin de semana los puentes que comunican con Uruguay. Es ante el temor del informe del Banco Mundial sobre las papeleras que se conocerá mañana y que destrabaría los fondos para continuar la construcción de las plantas. La decisión complica también la posición argentina ante la Corte Internacional de La Haya.

Romina Picolotti

Los vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú que se oponen a la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay decidieron cortar desde las doce del viernes, hasta las 18 del domingo próximo, el puente Gral. San Martín, a la altura del arroyo Verde, bloqueando totalmente el tránsito con el Uruguay. A la vez decidieron reclamar al gobierno nacional que dé marcha atrás con todas las presentaciones judiciales.

«Gualeguaychú no está quieto; Gualeguaychú es un polvorín que en cualquier momento puede estallar. No vamos a otorgar la 'licencia social'», advirtieron varios representantes de la Asamblea Ambiental.

La reinstalación de esta medida de fuerza fue objetada ayer desde distintos sectores del gobierno nacional y provincial. El primero en advertir el riesgo que significa reponer los cortes para la estrategia judicial de la Argentina dentro del Tribunal Internacional de La Haya fue el gobernador Jorge Busti que sugirió como «actitud más inteligente» seguir trabajando en el marco del derecho supranacional (La Haya) «para no ser funcionales a los intereses económicos en pugna». «Se cometería un gran error si se vuelve a los cortes», consideró.

La reacción de los ambientalistas se produce luego de que el lunes trascendiera confusamente un informe preliminar de la consultora canadiense Ecometrix -contratada por la Corporación Financiera Internacional para analizar el impacto ambiental de las plantas-, que sostiene que «no va a haber impacto sobre el turismo y por eso no va a afectar a la Argentina» y que el impacto que producirán las chimeneas es una opinión subjetiva del público y eventualmente los turistas se van a acostumbrar a verlas».

La Corporación Financiera Internacional es el organismo crediticio del Banco Mundial, que analiza otorgar créditos por valor de 200 millones de dólares para financiar las obras de las plantas en Uruguay.

La conclusión de este informe -cuya veracidad fue corroborada por el Banco Mundial extraoficialmente- también encendió la alerta de funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Ambiente de la Nación que encabeza la ex abogada de los ambientalistas, Romina Picolotti.

Ayer, la funcionaria mantuvo contacto permanente con los principales dirigentes de la Asamblea Ambiental intentando contener la furia de los vecinos de Gualeguaychú con el mismo argumento que oportunamente llevó al cese de los cortes, el 1 de mayo de este año: el planteo que la Cancillería llevó ante los quince miembros de la Corte holandesa y el tribunal del Mercosur se caería con la reinstauración de los bloqueos. En rigor, en ambas instancias no se responsabilizó oficialmente al país por esta acción de fuerza que catapultó el reclamo social iniciado hace más de tres años en Entre Ríos.

Perjuicios

«El corte de rutas perjudica la estrategia nacional», insistió Picolotti vía telefónica a los ambientalistas.

Desde Uruguay también encendieron una señal de alerta. El canciller Reinaldo Gargano dijo a medios de ese país que la Argentina tiene una «obligación moral» de garantizar el libre tránsito en las rutas internacionales. El ministro hacía referencia así al fallo del tribunal arbitral del Mercosur, que dejó una sentencia intermedia entre Uruguay y la Argentina. «Estoy convencido de que el gobierno de la República Argentina va a contribuir a que no se deterioren el Mercosur ni la relación entre los dos países. Hemos realizado todas las gestiones en el marco de un nivel de discreción total, como deben hacerse en este plano», sostuvo Gargano.

Más temprano, una delegación de asambleístas había llegado hasta el Hotel Bauen en Buenos Aires para lanzar públicamente la campaña «No veranee en Uruguay».