Córdoba actuó con la audacia de crecer en un país que devora todo

Las provincias denominadas «grandes», generan en sus gobernantes una ilusión que les resulta tentadora: la de creer que es posible un camino propio, provincial, una vía distinta y distante de los avatares del destino nacional. Quizá sea la magnitud del presupuesto o tal vez sea la natural ambición de una proyección nacional lo que suele crear el espejismo de un modelo singular, distintivo.

Quizá por pertenecer a una provincia chica y muy pobre, Carlos Menem nunca se ilusionó con la promoción de un «modelo riojano», sobre cuya imposibilidad siempre tuvo certezas. En cambio, José Manuel de la Sota pensó, con entusiasmo loable y genuino, en la viabilidad de un destino cordobés distinto del nacional. En ambos casos la pretensión de insularidad ha quedado confinada al arcón de las utopías. Es que nadie puede contra el avance arrollador, empecinado, de una crisis nacional que ya inició su cuarto año.

Al iniciar su mandato en julio de 1999, De la Sota tenía un horizonte político y económico que justificaba su optimismo. Por de pronto, contaba con un consenso amplio al que él alimentaba casi semanalmente con anuncios, medidas, propuestas, decisiones, que contagiaban entusiasmo. Durante casi un año, el primero, todas las noticias fueron buenas: rebajas de impuestos, planes para comenzar o retomar el trabajo, construcción de escuelas, aumentos de jubilaciones mínimas, restitución de salarios, reapertura de hospitales y colegios que Ramón Mestre había cerrado... El gobierno marchaba viento en popa y De la Sota se instalaba en el escenario nacional como el más decidido, ingenioso y audaz de los gobernadores justicialistas presidenciables.

Las privatizaciones eran la pieza fundamental del escenario imaginado por De la Sota. En los primeros días de mandato, tiempo de optimismo, se manejaba la cifra de 2.000 millones de dólares como el ingreso probable proveniente de las privatizaciones de EPEC y la Lotería Provincial. Desde un comienzo se sabía que el Banco de Córdoba no arrimaría ningún importe a las arcas provinciales.

Con ese horizonte de recaudación previsible a nadie se le ocurriría implementar ajuste alguno. Al contrario, la política mandaba sobre la economía y el cumplimiento de las promesas electorales, que ensanchaba la sólida sustentación del gobierno, era de una prioridad absoluta. En ese tiempo se pensaba que este desfase de las cuentas públicas (que el gobierno valuó en 115 millones para el 2000 y otras fuentes lo hacen llegar a 250 millones), sería fácil de cubrir cuando llegara el momento de cobrar el dinero de las privatizaciones.

Pero los supuestos, ligados a la administración nacional, sobre los que se construyó este modelo no se cumplieron. La crisis nacional continuó agravándose, la recaudación provincial no respondió en la medida de lo esperado, y los recursos de coparticipación cayeron por la imposibilidad de la Nación de cumplir el pacto que había firmado con los gobernadores de todo el país.

• Evasión

Una fuerte rebaja impositiva, como implementó De la Sota dentro de un esquema correcto de desarrollo, tienta a no evadir, porque a nadie le gusta la ilegalidad. Claro eso inicialmente, pero si el modelo nacional se deteriora aceleradamente vuelven los apremios al «normalizado» que retorna a evadir con un agravante: quedaron con menos impuesto los que nunca tuvieron chance de evadir. La mezcla, entonces, se tornó explosiva para las arcas provinciales: «Si el producto nacional aumenta 3% o 4% el de Córdoba será 8% o más», expresaba el gobernador. Era un pensamiento y proyección correcta. Pero el país decayó y lo mismo su producto, y entonces el audaz e interesante «modelo Córdoba» terminó afectado.

Quizá Córdoba resultó la víctima mayor entre las provincias del país precisamente por eso: porque la caída económica y financiera la toma en viaje a la región más atrevida en sus planes económicos. El «modelo Córdoba» no podría convivir con una recesión ya en 40 meses y con un país en default técnico no concretado aún en forma institucional.

Y la debacle nacional arrastró a las privatizaciones, pieza articular de todo el proyecto cordobés. Con un país en recesión, con un gobierno nacional que no cumple el pacto firmado meses antes, con empresas públicas imposibles de vender a causa del escenario creado por la propia recesión, el modelo cordobés -no podía ser de otro modo-ha quedado sensiblemente deteriorado y ha obligado al gobierno a tomar medidas a las que se resistía a la espera de un cambio en la tendencia de la economía nacional, que finalmente no se verificó.

Los bonos provinciales y un severo ajuste de 240 millones de pesos, que incluye al Poder Judicial, son los pilares con los que De la Sota comienza a transitar el tramo final de su gobierno. De tal modo, los auténticos rivales políticos de De la Sota no habitan Córdoba. Quien puede minar la base del poder político que trabajosamente ha acumulado el gobernador de Córdoba, es el gobierno nacional, fluida y más decisiva vertiente de los desajustes fiscales que han hecho que el gobierno de Córdoba deba torcer su rumbo ante el cambio drástico de las expectativas.

Es probable que pueda decirse que De la Sota y su equipo no han sabido prever este presente crítico. Que este ajuste es simétrico, y compensatorio, de los tiempos felices en que todas las noticias eran agradables. Pero, en materia de pulcritud fiscal, ¿quién está en condiciones de arrojar la primera piedra? ¿quién previó hace dos años este derrumbe tremendo de un país potencialmente rico, al menos en posibilidades productivas? Si la potente Córdoba pecó -y quizá pecó más-fue por haber sido sorprendida no en la quietud de gestión sino en pleno intento de expansión. Y expandirse no es el pecado sino la obligación del que gobierna.