El gobierno juega todo en la 3a. oportunidad en quince meses

Después de quince meses de gobierno de la Alianza se votó un nuevo impuestazo. A pesar de su título, Ley de Competitividad, lo real es que se crea una nueva carga tributaria que saldrá del bolsillo del pueblo argentino, del sector privado, para pasarlo al Estado.

Esto no es otra cosa que el reconocimiento del fracaso de la política económica del gobierno. Cuando asumió el presidente De la Rúa se plantearon tres ejes sobre los cuales debía pivotear la economía:

1) Combate al déficit fiscal

En el año 1999 el déficit -base caja- terminó en 7.347 millones de dólares, y se habló de esto como parte de la herencia recibida; el correspondiente a 2000, luego del impuestazo, la baja de sueldos; la emergencia económica, etcétera, fue de $ 6.934 millones. La proyección para 2001 es de $ 7.773 millones. En el 1° trimestre de este año el déficit será de $ 3.100 millones, ya hay un desvío de $ 1.000 millones (50%) con respecto a lo comprometido con el FMI.

En el debate del proyecto de ley de presupuesto para 2001 advertimos que era un error muy grave violar la Ley de Solvencia Fiscal y programar un déficit de 7 mil millones de pesos. El ex ministro López Murphy sostuvo en su mensaje: «Si no se hace nada en 2001 llegamos a 9 mil millones de pesos». De modo que fracasaron en la política fiscal referida al déficit.

2) Investment grade

El otro gran objetivo era lograr el investment grade, el grado de inversión que nos permitiría bajar de modo sustancial el costo de los intereses que pagan la Nación y el sector privado. También se fracasó en este propósito, hasta tal punto que aun a pesar de que en estos diez años la Argentina recuperó su prestigio por cumplir con sus compromisos en tiempo y forma, el país casi cayó en default luego de la irresponsable renuncia del vicepresidente de la Nación. Es decir que en lugar del investment grade estamos cinco escalones abajo.

3) Crecimiento

El tercer gran objetivo era el crecimiento, pero laArgentina creció cero; se frustró la reactivación que había empezado a partir de setiembre de 1999. Algunos economistas han señalado que nunca había sucedido que luego de una recesión, en que normalmente produce un rebote de la economía (como ocurrió después del efecto tequila entre 1996 y 1998), se registrara una caída luego de iniciado el crecimiento. Esto aconteció por un error de diagnóstico que impulsó al gobierno primero a propiciar la sanción del impuestazo, más tarde a denigrar los logros conseguidos por la Argentina durante una década y por último a la inútil prédica sobre la herencia recibida, que bajó el entusiasmo de todos los actores económicos y desalentó las decisiones de inversión y de consumo.

A partir de este estrepitoso fracaso de los objetivos planteados a la ciudadanía, se produjo el blindaje. Esa especialísima cobertura que fue vendida como un logro y conseguida precisamente por haber recuperado un lugar en el mundo durante la década del gobierno justicialista. Pero eso no fue un logro sino un salvataje financiero porque caíamos en default. Sin embargo, con esta capacidad autodestructiva que tiene la Alianza gobernante logró algo impensable: fagocitar el efecto positivo de este blindaje en menos de un mes.

Ante esta «verdadera emergencia fiscal», el Congreso ha tenido que votar un nuevo impuesto. Cavallo presentó esta iniciativa como un proyecto procompetitivo y así alegró a muchos argentinos, mejorando las expectativas. Pero los mercados todavía desconfían y resulta que el riesgo-país hoy no baja de un nivel alto que hace imposible el acceso a los mercados voluntarios de crédito. Otro dato a tener en cuenta es la caída de reservas líquidas en 4.000 millones, causada principalmente por la incertidumbre política y la falta de credibilidad.

A mi juicio, este impuesto a débitos y créditos en cuentas corrientes es otro impuestazo. Con la alícuota fijada en 0,25% se piensa recaudar entre $ 3.500 y 4.000 millones, esto equivale a 1,5% del PBI. Es decir, se transfiere al Estado 1,5% de todo lo que produce el sector privado, una cifra mayor a la que se planteó en el primer impuestazo.

Hay que poner en claro que el efecto directo de este impuesto en sí no es procompetitivo sino recesivo y distorsivo. Estos son recursos que directamente se sacan de la economía privada argentina (así como la reducción de sueldos afecta al consumo) y pasan a las arcas del Estado para tapar el agujero fiscal.

Sin embargo, el nuevo ministro ha debido tomar esta solución de urgencia (ojalá temporaria) para superar la situación de insolvencia que hace inviable el crecimiento y el futuro de la Argentina. En este sentido, indirectamente, por la mejora del frente fiscal es que el nuevo impuesto puede ayudar a crecer. También puede usarse para eliminar otros impuestos.

Sólo trece justicialistas votamos esta ley en Diputados, en el entendimiento de la emergencia y de que no les podemos negar a los argentinos una nueva cuota de esperanza que sin duda ha llegado con Cavallo. Su redesignación como ministro de Economía representa un reconocimiento inequívoco del carácter irreversible de las transformaciones estructurales de la década del '90, concretadas por el peronismo (el Modelo), que son el punto de partida para las múltiples transformaciones que aún faltan realizar en nuestra Nación.

Ya votamos por la tercera oportunidad para De la Rúa. Ojalá resulte.