Fuerte polémica por candidatura de Pekín para Juegos Olímpicos

Imagen del "International Herald Tribune".

Pekín - El régimen comunista chino ha logrado situar a Pekín como la gran favorita para convertirse hoy en la sede de los Juegos Olímpicos de 2008. Los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) parecen dispuestos a dejar de un lado las violaciones de los derechos humanos y votar mayoritariamente por la única de las cinco candidaturas -París, Toronto, Osaka y Estambul completan la lista-representada por un Estado totalitario.

Quienes se muestran a favor de Pekín 2008 alegan que la organización de un evento con semejante repercusión aceleraría las reformas y abriría el país definitivamente. Disidentes y organizaciones de derechos humanos creen que otorgar los Juegos a China enviaría a sus líderes un mensaje erróneo de reconocimiento internacional, premiaría los abusos cometidos contra la población y rompería todos los principios del espíritu olímpico.

Pero, ¿cuál es, en realidad, el estado actual de los derechos humanos en China? ¿Bajo qué condiciones se celebrarían hoy unos Juegos Olímpicos en Pekín?

China mantiene en funcionamiento cerca de 1.100 gulags o campos de trabajos forzados repartidos por todo el país. El disidente chino Harry Hu, que pasó 19 años en uno de ellos y hoy se encuentra exiliado en los EE.UU., describe así su experiencia: «Para sobrevivir, tuve que comer insectos, ranas, corteza de los árboles y vegetación. Tuve que cooperar con los guardias, pegar a mis compañeros de prisión y robar su comida. Los héroes no pueden sobrevivir en ese sistema pensado únicamente para mantener al Partido Comunista en el poder».

Hu ha denunciado que todavía hay más de 6 millones de personas encerradas en los gulags, descritos por China como «centros de reeducación mediante el trabajo». El pasado mes de mayo, y dentro de la campaña de propaganda del régimen para lograr los Juegos Olímpicos, cinco periodistas extranjeros fueron llevados a uno de los centros penitenciarios para comprobar «el trabajo de reinserción del sistema penitenciario chino». Uno de los detenidos, flanqueado por dos guardias de seguridad, declaró entonces que «no podía pedir mejor trato» a sus carceleros y que se «encontraba agradecido al Partido Comunista».

Durante muchos años se creyó que la utilización de centros psiquiátricos como castigo contra la disidencia era una práctica que sólo había utilizado de forma sistemática la Unión Soviética. El investigador británico Robin Munro, en su estudio Psiquiatría Judicial en China y sus Abusos, ha develado el contenido de informes secretos del Partido Comunista que demuestran que el régimen chino ha empleado y sigue empleando los centros psiquiátricos del país para castigar a miembros de la oposición, líderes religiosos y disidentes.

Esa práctica se ha visto intensificada en los dos últimos años contra miembros de la secta Falungong y disidentes que son diagnosticados con enfermedades como «repetitiva fobia política», internados en psiquiátricos que forman parte del aparato de seguridad del Estado y tratados con electroshocks.

China ejecuta cada año a más delincuentes que el resto del mundo junto. La prensa oficial ha asegurado en las últimas fechas que las autoridades han aplicado la pena capital a cerca de 1.700 personas en tres meses dentro de la campaña destinada a terminar con la delincuencia.

El Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea y todas las organizaciones humanitarias internacionales coinciden en asegurar que las condenas se producen en juicios sin ninguna garantía. Los tribunales chinos dependen del Partido Comunista y los condenados reciben un tiro en la nuca apenas media hora después de la sentencia, sin tiempo para apelaciones de última hora.

En los dos últimos años, el régimen de Pekín ha aumentado el número de delitos por los que se puede ser condenado a muerte hasta sumar cerca de un centenar, incluidos la evasión de impuestos, la prostitución o la provocación de un accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol. Existen denuncias de que los órganos de los presos ejecutados son vendidos dentro de una amplia red comercial formada por médicos, autoridades sanitarias y funcionarios de prisiones.

El pasado mes de diciembre, el régimen comunista chino dinamitó y redujo a escombros más de un millar de iglesias cristianas en las provincias de Zhenjiang, Jiangsu y Shandong. La orden de las autoridades fue destruir las «edificaciones ilegales y corregir las creencias decadentes». Decenas de grúas fueron enviadas también a la provincia de Xinjiang, con una importante población musulmana, con el encargo de destruir las mezquitas clan-destinas.

La represión religiosa ha vivido en los dos últimos años su mayor intensidad con la secta Falungong. Más de 50.000 de sus seguidores han sido detenidos y al menos 220 han muerto torturados en cárceles y calabozos, según la propia organización y diversos grupos humanitarios.

El Partido Comunista ha asegurado que la prensa internacional podrá informar con libertad de todo lo que suceda durante Pekín 2008. Lo cierto es que, a día de hoy, la prensa extranjera no tienen libertad para trabajar en China, los corresponsales son constantemente presionados por las autoridades y sus movimientos, limitados. Los cerca de 2.000 periódicos chinos pertenecen al Partido Comunista, que nombra a sus directores y decide su contenido.

Zhou Jianxiong, un campesino de la provincia de Hunan, falleció el 15 de mayo de 1998. Zhou fue sacado de su casa, conducido a un calabozo policial y colgado de los pies antes de ser golpeado con una soldadora. El joven murió mientras los policías le interrogaban sobre el segundo embarazo de su mujer, que vulneraba la prohibición de tener un solo hijo. Una a una, 675 historias como la de Zhou han sido recogidas en 58 páginas de un informe de Amnistía Internacional sobre tortura policial en China.

China es el último gran imperio del mundo que queda en pie y el Tíbet una de sus últimas conquistas. Mao Zedong lo invadió en 1949 y desde entonces el Partido Comunista ha llevado a cabo lo que se conoce como el «genocidio silencioso». Algo similar ha ocurrido con Taiwán, la isla capitalista que China considera una provincia más de su territorio y que amenaza con invadir.