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Nuevo desborde de activistas en Santa Cruz
La propuesta oficial incluye a los manifestantes en un megaplán de infraestructura a cargo de la provincia y el municipio por $ 10 millones, que otorgará cerca de mil puestos laborales para tareas como la colocación de pavimento intertrabado, forestación y saneamiento ambiental. Los sueldos de los contratos que se firmen -que estarán sometidos a la lista que diseñen los desocupados y luego acuerden con el gobiernoquedarían principalmente a cargo del Estado, en tanto que las empresas contratistas también tomarían parte del acuerdo.
Es decir que esta vez no deberán ser las empresas que operan en la región (Repsol YPF, Vintage Oil y PanAmerican) las que se hagan cargo de los empleos, como sucediera en los anteriores conflictos de Termap y Pico Truncado; así como en sucesivas medidas de fuerza, que ya contabilizan 20 en cuatro años, con el resultado del reparto de unos 2.000 subsidios.
Durante esta última toma de Termap se evidenció un cambio de actitud del gobierno de Santa Cruz, que había sido muy criticado por las empresas petroleras ante su pasividad en tomas y piquetes anteriores.
Esta vez incluso el presidente-Néstor Kirchner se interesó en el problema y se reunió en Río Gallegos, durante el fin de semana, con el gobernador Sergio Acevedo para tratar el tema.
«La actuación de la provincia tiene que ver con la reincidencia de este tipo de protestas, para dejar en claro que desde el gobierno se es solidario con la gente que sufre necesidades; pero cuando hay manipulación y abuso por parte de cabecillas, con fines políticos, hay que dejar las cosas bien en claro», aseguró Baloi Pardo a Ambito Nacional.
Al parecer, el gobierno local contaría con datos de las personas que participaron de la toma y se activarían detenciones en caso de que las disponga el juez provincial de Instrucción Marcelo Bailaque.
Además, la administración santacruceña solicitó desde el viernes pasado la presencia en Caleta Olivia de 100 efectivos procedentes del escuadrón de Gendarmería Nacional en Río Gallegos y otros 150 desde La Pampa, para «reforzar la seguridad y estar a disposición de la Justicia», según expresaron voceros oficiales.
Cabe recordar que durante la última toma de Termap, en la primera quincena de agosto, el Poder Ejecutivo santacruceño -según denunciaron las empresas operadoras de la planta-incluso había llegado a ignorar una orden judicial de desalojo.
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