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20 de noviembre 2026 - 14:57

Desalojos exprés: qué cambia para inquilinos y propietarios la nueva ley de Propiedad Privada

La reforma aprobada por el Senado busca acelerar los procesos judiciales para recuperar viviendas. Los especialistas estiman que los juicios podrían reducirse a entre tres y cinco meses. Qué ocurre ante la falta de pago.

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La nueva ley modifica los procedimientos de desalojo y busca agilizar la recuperación de inmuebles ante incumplimientos contractuales y ocupaciones ilegales.

Pixabay

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sancionada por el Senado anoche, introduce cambios en los procedimientos de desalojo que pueden modificar las reglas del mercado de alquileres. La reforma pone el foco en los mecanismos legales para que los propietarios recuperen sus inmuebles y abre una nueva etapa en la relación entre quienes ofrecen una vivienda y quienes la alquilan.

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La nueva normativa de "desalojo exprés" plantea interrogantes sobre qué ocurrirá ante un incumplimiento contractual, cómo deberán actuar los propietarios frente a un inquilino que no paga o no devuelve el inmueble y qué herramientas tendrán para recuperar la propiedad.

El impacto sobre el mercado será otro de los puntos centrales. ¿Habrá más propietarios dispuestos a ofrecer sus viviendas en alquiler? A futuro, se espera que pueda crecer la oferta de viviendas en alquiler en la Argentina (en CABA creció mucho y hay casi 18.900 departamentos en locación), aunque no necesariamente bajarían los precios publicados. La mayor competencia entre propietarios podría darles más margen de negociación a los inquilinos.

Desde el DNU 70/2023, las partes suelen pactar ajustes cada tres o cuatro meses. Esto permite actualizar los valores con mayor frecuencia y evita que los propietarios deban fijar alquileres iniciales elevados, como ocurría con la Ley de Alquileres de 2020, que establecía ajustes anuales.

Se espera que la nueva ley contribuya a fortalecer la seguridad jurídica, incentive a más inversores a destinar fondos al mercado inmobiliario y ayude a movilizar la rueda de la construcción, un sector que activa alrededor de 50 gremios y conecta a distintas actividades de la economía.

Desalojos exprés: qué cambia y a quiénes alcanza la reforma

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto establece que las acciones de desalojo tramiten por la vía sumarísima, un procedimiento más abreviado que el actual. Enrique Abatti (h.), abogado especialista en Derecho de la Empresa y directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), junto con Bibiana Varela Guijarro, abogada especialista y directiva de la misma entidad, explicaron que la reforma apunta a reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles ante incumplimientos contractuales e intrusiones.

La reforma no modifica el tratamiento penal de las usurpaciones, tipificadas en el artículo 181 del Código Penal. Alcanza a los desalojos de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos. La diferencia es que la usurpación es un delito, mientras que la intrusión implica ocupar un inmueble sin autorización y el conflicto locativo surge del incumplimiento de un contrato.

Los abogados explicaron que el procedimiento sumarísimo establece cinco días para contestar la demanda, limita las excepciones previas y la reconvención, y fija plazos de tres días para otras etapas del juicio.

Entre los aspectos centrales del nuevo esquema se destacan:

Varela Guijarro explicó que los desalojos por intrusión pueden demorar al menos tres años y los procesos por falta de pago o vencimiento del contrato, entre un año y medio y dos. Según advirtió, esas demoras desalientan la inversión en propiedades para renta y encarecen los alquileres por el riesgo de litigios prolongados.

Estimó que la reforma podría reducir los plazos a entre tres y cinco meses. "Si se abrevian los trámites de desalojo, eso juega también en favor de los inquilinos buenos cumplidores de los contratos".

En la misma línea, Karina González, de la Agrupación Propietarios Unidos de la Argentina, señaló que la reforma puede contribuir a que más propietarios vuelquen sus departamentos al mercado. "Esto no perjudica al inquilino, al contrario, el que cumple —que es la gran mayoría— no tiene nada de qué preocuparse y hasta sale ganando. Cuando baja el riesgo de quedar atrapado en un juicio eterno, muchos más dueños se animan a poner sus departamentos en alquiler, hay más oferta y bajan las exigencias", sostuvo.

Propietarios e inquilinos podrán enfrentar nuevas condiciones en sus contratos: la reforma busca agilizar los desalojos y reducir los riesgos ante incumplimientos

La reforma puede cambiar la percepción del riesgo que existe al momento de ofrecer una vivienda. La expectativa es que una mayor oferta y reglas más previsibles permitan reducir las barreras de ingreso para quienes buscan alquilar.

González, por su parte, recomendó prestar especial atención a las notificaciones y a las condiciones que se establecen desde el comienzo de la relación contractual. Entre sus sugerencias "figura incorporar los domicilios electrónicos de ambas partes, con el correo electrónico y WhatsApp como vías válidas de comunicación, además de especificar las consecuencias de los pagos fuera de término y de la demora en la devolución de las llaves".

También recomendó evitar cláusulas ambiguas y aclarar que aceptar excepcionalmente un pago fuera de término no modifica el contrato. Además, sugirió adaptar el modelo contractual a cada jurisdicción, por las diferencias procesales entre CABA y Provincia.

Qué cambia en los contratos y los plazos de intimación

La reducción de los plazos judiciales podría aliviar las exigencias para alquilar. Según Varela Guijarro, hoy los propietarios buscan mayores garantías y condiciones estrictas por el riesgo de afrontar juicios prolongados. Con desalojos más rápidos, esa necesidad podría disminuir: "Si se abrevian los plazos de los trámites de desalojo, eso juega también en favor de los inquilinos buenos cumplidores de los contratos".

Abatti (h.) explicó que uno de los cambios que se discutieron durante el tratamiento legislativo fue la reducción del plazo de intimación por falta de pago. El proyecto original proponía modificar el artículo 1222 del Código Civil y Comercial y bajar de 10 a 3 días el período para que un inquilino de vivienda regularice la deuda antes del inicio del juicio de desalojo.

Sin embargo, esa modificación se eliminó durante el tratamiento en comisión del Senado. Por lo tanto, para los alquileres de vivienda se mantiene el plazo de 10 días corridos que establece actualmente el Código Civil y Comercial. En los contratos con otros destinos, como locales comerciales, oficinas y depósitos, las partes pueden acordar libremente el plazo de intimación.

El abogado también consideró que los contratos deben contemplar derechos y obligaciones equilibrados para propietarios e inquilinos, de acuerdo con la libertad contractual reafirmada por el DNU 70/2023. Abatti (h). amplió: "Cuanto más breves y simples sean los trámites de los procesos de desalojo, menores serán los requisitos que se le exigirán a los inquilinos para suscribir los contratos y ello beneficiará a los locatarios cumplidores de sus obligaciones".

Abatti (h.) amplió que si la reforma se convierte en una herramienta efectiva para acortar los litigios, todas las partes de la relación locativa podrían beneficiarse. La mayor previsibilidad permitiría reducir exigencias innecesarias y facilitar el acceso al mercado formal de alquileres.

Desde el lado de los inquilinos: qué deben cuidar ante la nueva ley

Desde la perspectiva de los inquilinos, la reducción de los plazos procesales también exige mayores recaudos al momento de alquilar y durante toda la relación contractual. Ludmila Mazzoni Amado, abogada experta en derecho inmobiliario y defensora de inquilinos, advirtió que la nueva modalidad de desalojo por vía sumarísima obliga a conservar la documentación que permita acreditar la existencia del contrato y el cumplimiento de las obligaciones.

Recomendó contar siempre con un contrato escrito y firmado por el propietario, especialmente si el inquilino permanece en la vivienda tras el vencimiento del acuerdo, con consentimiento del dueño, pero sin una renovación formal. Sin documentación, queda más expuesto ante un eventual conflicto.

Inquilinos que deben dejar una vivienda por el vencimiento del contrato o un conflicto con el propietario: la reforma modifica los procedimientos para recuperar los inmuebles

"El contrato por escrito, siempre. Y con firma del propietario, no ninguna copia de PDF", recomendó. También pidió conservar los comprobantes de pago, las transferencias y las facturas de alquiler, porque la prueba documental tendrá un papel determinante en los procesos más breves.

Planteó: "Tratar de aminorar lo máximo posible las situaciones de informalidad, que son muchas en el alquiler". Mazzoni Amado también puso el acento en las comunicaciones entre las partes. Si existen problemas en la vivienda, como reparaciones estructurales que el propietario no realiza, aconsejó formalizar los reclamos mediante notificaciones fehacientes y no depender exclusivamente de mensajes de WhatsApp.

El domicilio electrónico incluido en el contrato también debe mantenerse actualizado: aunque un correo llegue a la carpeta de spam o de mensajes no deseados, los plazos legales pueden comenzar a correr.

Mazzoni Amado también recomendó no firmar acuerdos anexos de desocupación inmediata sin asesoramiento legal. Ante una intimación por falta de pago, recordó que el inquilino dispone de 10 días corridos para regularizar la deuda y aconsejó consultar rápidamente a un abogado. Además, sugirió documentar la devolución de la vivienda mediante un acta de entrega de llaves firmada por el propietario y acudir a la Defensoría del Pueblo o a los colegios de abogados si no se puede afrontar una defensa particular.

"Además, hay que tener en cuenta la situación económica que atraviesan muchos hogares, con familias que acumulan deudas de tarjetas de crédito y también dificultades para afrontar el pago del alquiler. En ese contexto, los plazos más cortos y la posibilidad de una desocupación anticipada pueden generar situaciones muy problemáticas para los inquilinos", cerró Mazzoni Amado.

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