Regular para dejar de criminalizar

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La modificación sobre la normativa que criminalizaba el cannabis y su regulación permitirán no solo dejar de concebir a una planta como un tipo de droga, sino también construir una mirada transversal y multicausal sobre el tema.

Desde hace algunos años, miembros de instituciones judiciales y gubernamentales así como organizaciones de la sociedad civil, advertimos la necesidad de un debate profundo sobre la normativa que criminalizaba el cannabis. La modificación y su regulación permitirán no solo dejar de concebir a una planta como un tipo de droga, sino también construir una mirada transversal y multicausal sobre el tema.

La cuestión que preocupa a quienes velamos por la regulación del cannabis es la conflictiva interpretación y aplicación que se hace de las normas, ya que ante la intervención de la Justicia, aun luego de la sanción de la Ley 27.350 (uso medicinal del cannabis) los usuarios y usuarias de cannabis medicinal siguieron siendo criminalizados por el sistema penal. En 2019, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad adhirió al “Acuerdo por la Regulación del Cannabis”, un documento de cinco puntos que propuso revisar la política de prohibición, basándose en evidencia científica y colocando a la persona en el centro de las acciones tendientes a respetar tanto su derecho a la salud como sus libertades individuales, en consonancia con la jurisprudencia que viene estableciendo hace años la Corte Suprema.

Desde los organismos judiciales entendemos que para poder darle un nuevo significado e incluir al cannabis dentro del concepto de salud hay que reconocer en primer lugar que se tienen prejuicios. Cambiar el estatus legal del cannabis implica reconocer la existencia de un mercado que hasta ayer fue clandestino. El costo de la clandestinidad trae aparejado conflictos para la salud y seguridad de las personas que consumen, y consecuencias negativas para quienes acarrean, cultivan o ejercen la venta al menudeo, muchas veces como práctica de supervivencia. Las propuestas alternativas buscaron ofrecer respuestas desde una perspectiva de Derechos Humanos y de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades.

El día que se publicó la aprobación de la Ley, estábamos realizando las II Jornadas Universitarias sobre Política de Drogas y Cannabis, en la Universidad Nacional de Quilmes. Allí se planeó incentivar el intercambio de información y cooperación para la confección de políticas de drogas más humanas y eficaces que las que conocemos.

El fracaso de las políticas de criminalización produjo un aumento de los daños por la desinformación en el uso de sustancias, además de la violencia y corrupción derivados del tráfico ilícito de drogas, y la alarmante vulneración de Derechos Humanos y civiles que la criminalización y persecución penal a usuarios y cultivadores produce.

(*) Titular de la Defensoría N1 CABA.

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