El fraude al seguro es una problemática que impacta directamente en los costos que enfrentan millones de asegurados. Según estimaciones del sector, estas maniobras pueden elevar entre un 15% y un 20% el valor de las coberturas, generando pérdidas para las compañías y trasladando mayores costos al conjunto del sistema.
Alertan por el avance del fraude al seguro y su impacto en el precio de las pólizas
El sector advierte que las estafas vinculadas a siniestros provocan sobrecostos. Automotores concentra casi dos tercios de los casos investigados.
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Estuvieron presentes en la jornada el Dr. Guillermo Plate, Superintendente de Seguros de la Nación, el Dr. Aldo Álvarez, Presidente de ADEAA y el Dr. Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Con el objetivo de fortalecer la detección y persecución de estos delitos, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) realizaron una jornada de capacitación que reunió a fiscales, especialistas en investigación criminal, ejecutivos de aseguradoras y autoridades regulatorias. La iniciativa forma parte del acuerdo de cooperación firmado entre ambas instituciones en marzo de este año y apunta a un problema que, según coinciden desde la industria y la Justicia, requiere cada vez mayor especialización para poder ser investigado con eficacia.
Un delito difícil de detectar y probar
Los números reflejan la magnitud del fenómeno. Aproximadamente un tercio de las denuncias de siniestros que reciben las aseguradoras presenta indicios que generan sospechas sobre su autenticidad o sobre la magnitud de los daños declarados.
Los casos vinculados al ramo automotor concentran el mayor volumen de investigaciones: representan el 65% de los expedientes analizados por las compañías. A su vez, el 70% de las maniobras detectadas se registra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra gran parte de la actividad económica y del parque asegurado del país.
Durante el encuentro, el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, aportó cifras internacionales para dimensionar el problema. “El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable, luego del tráfico de drogas. Entre el 3% y el 10 % de los reclamos en EE.UU. son fraudulentos y el monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares”. Estas cifras, por sí solas, evidencian la dimensión del problema y el nivel de daño que generan a la solvencia de las aseguradoras.
La apuesta por una Justicia especializada
Uno de los principales desafíos es que los delitos vinculados al seguro suelen requerir conocimientos técnicos específicos sobre contratos, coberturas, exclusiones y mecanismos de liquidación de siniestros.
"El fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos", explicó durante el encuentro Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público bonaerense.
Por ese motivo, ADEAA desarrolló seis módulos de capacitación sobre el funcionamiento del negocio asegurador, que serán incorporados al Campus Virtual del Centro de Capacitación de la Procuración General bonaerense. La intención es que los fiscales cuenten con herramientas técnicas para abordar investigaciones cada vez más complejas.
El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, sostuvo por su parte, que la especialización resulta indispensable frente a delitos que involucran estructuras cada vez más sofisticadas y destacó la importancia de generar conocimiento específico dentro del Poder Judicial.El impacto sobre todo el sistema
Desde ADEAA sostuvieron que combatir el fraude no solo protege la solvencia de las compañías, sino que también beneficia a los asegurados. Cada reclamo falso o exagerado termina incorporándose a los costos generales de las aseguradoras y presionando sobre el precio de las pólizas.
Por eso, la apuesta del sector apunta a avanzar hacia una mayor profesionalización de las investigaciones y a construir mecanismos permanentes de cooperación con la Justicia.