OpenAI volvió a quedar en el centro del debate tras la publicación de una carta en la que detalla cómo espera que el gobierno de Estados Unidos respalde sus planes de expansión en infraestructura de inteligencia artificial. El documento, firmado por Chris Lehane, director de Asuntos Globales de la compañía, y dirigido a Michael Kratsios, titular de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, propone medidas para reducir los costos de inversión y acelerar el desarrollo de centros de datos especializados.
OpenAI exige más inversión estatal en infraestructura IA y alerta por la competencia con China
El documento busca aportar ideas para que la administración de Donald Trump respalde su plan para expandir la infraestructura de Inteligencia Artificial, a bordo de su proyecto Stargate, que también tendrá su desarrollo en Argentina. Posteriomente, Sam Altman buscó restarle importancia al debate y aseguró que "los gobiernos no deberían favorecer ni perjudicar a unos ni a otros".
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Voces de empresa opinaron - y luego se retractaron - sobre el rol del Estado en la inversión en infraestructura IA.
"Según un análisis interno de OpenAI, la inversión inicial de u$s1 billón en infraestructura de IA podría generar un crecimiento adicional del PBI superior al 5% en un período de tres años", detalla la carta enviada.
OpenAI exige cooperación para avanzar en el desarrollo de infraestructura IA
En el documento, OpenAI sugiere que el gobierno de Trump extienda el Crédito de Inversión en Fabricación Avanzada (AMIC) —actualmente limitado al sector de semiconductores— para incluir componentes de redes eléctricas, servidores y centros de datos de IA. El incentivo, que forma parte de la Ley CHIP impulsada durante la administración Biden, otorga un crédito fiscal del 35% a las inversiones elegibles.
“Ampliar la cobertura del AMIC reducirá el costo efectivo del capital, disminuirá el riesgo de las inversiones tempranas y desbloqueará el capital privado para ayudar a aliviar los cuellos de botella y acelerar el desarrollo de la IA en los EE. UU.”, escribió Lehane.
Además, OpenAI pidió agilizar los procesos de permisos ambientales y de construcción para proyectos de infraestructura tecnológica, así como crear una reserva estratégica de materiales críticos —entre ellos cobre, aluminio y minerales de tierras raras— necesarios para el funcionamiento de sus centros de datos.
Por otro lado, también alertó sobre la creciente competencia en la industria de la Inteligencia Artificial, encabezada por China. "Las limitaciones en la generación eléctrica del país amenazan tanto la posibilidad de aprovechar esta oportunidad histórica (...) En su objetivo de superar a Estados Unidos y liderar la IA mundial para 2030, la República Popular China (RPC) ha logrado un notable avance en producción energética, considerando la capacidad eléctrica como pilar de su competitividad industrial. En 2024, la RPC añadió 429 gigavatios (GW) de nueva capacidad, más de un tercio de toda la red eléctrica estadounidense y más de la mitad del crecimiento global. Estados Unidos, en cambio, aportó solo 51 GW, equivalentes al 12%".
El contenido de la carta, publicada originalmente el 27 de octubre, pasó desapercibido hasta que declaraciones recientes de ejecutivos de la empresa generaron controversia. En un evento organizado por The Wall Street Journal, la directora financiera Sarah Friar afirmó que el gobierno debería “respaldar” los préstamos de infraestructura de OpenAI. Más tarde aclaró sus dichos en LinkedIn, asegurando que la empresa “no busca un respaldo gubernamental para nuestros compromisos de infraestructura” y que su expresión había sido malinterpretada.
El propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, salió a reforzar la aclaración. “OpenAI no tiene ni quiere garantías gubernamentales para los centros de datos de OpenAI”, escribió en X (antes Twitter). En este sentido, aghregó: “Los gobiernos no deberían favorecer ni perjudicar a unos ni a otros, y que los contribuyentes no deberían rescatar a empresas que toman malas decisiones comerciales o que pierden en el mercado”.
En la medida en que el gobierno quiera hacer algo para ayudar a garantizar una cadena de suministro nacional, estupendo. Esto forma parte de una política nacional que me parece lógica. Pero eso es muy diferente a las garantías de préstamo a OpenAI, y esperamos que quede claro. Sería beneficioso para todo el país, para muchos sectores y para todos los actores de esos sectores.
En esa misma publicación, Altman señaló que la compañía proyecta cerrar 2025 con una tasa de ingresos anual superior a u$s20.000 millones y alcanzar “cientos de miles de millones para 2030”. También mencionó compromisos de inversión por u$s1,4 billones para los próximos ocho años, reflejo de la escala de los planes de expansión que la empresa busca financiar.
Más tarde, el CEO de la empresa desarrolladora de ChatGPT volvió a referirse a la polémica: "En la medida en que el gobierno quiera hacer algo para ayudar a garantizar una cadena de suministro nacional, estupendo. Esto forma parte de una política nacional que me parece lógica. Pero eso es muy diferente a las garantías de préstamo a OpenAI, y esperamos que quede claro. Sería beneficioso para todo el país, para muchos sectores y para todos los actores de esos sectores".
"Pero eso es muy diferente a las garantías de préstamo a OpenAI, y esperamos que quede claro. Sería beneficioso para todo el país, para muchos sectores y para todos los actores de esos sectores", concluyó.
El episodio reavivó las discusiones sobre el papel del Estado en el desarrollo de infraestructura tecnológica estratégica, en un contexto donde OpenAI aspira a consolidarse como el actor dominante de la industria, más allá de su país.




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